Se trata de la consejera Nicole B. y los exconsejeros Augusto V., Yadira S. y de Eduardo F. quien fue impedido de ingresar en Estados Unidos y el pasado viernes regresó a Guayaquil, donde está internado en un centro de salud, desde donde atendió la audiencia, vía telemática.
El CPCCS es un órgano del Estado integrado por siete personas elegidas por votación popular y entre cuyas funciones figura la designación de autoridades de diferentes instituciones estatales.
En la audiencia de formulación de cargos del llamado caso 'Ligados', este fin de semana el fiscal general del Estado en funciones, Wilson Toainga, expuso la presunta participación de cada procesado y detalló que los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2024 e inicios de 2025.
Como parte de la investigación, el pasado 24 de enero, tras haber recibido una denuncia, la Policía allanó las instalaciones del CPCCS e incautó teléfonos celulares de Augusto V., entre otros indicios.
La información extraída de los dispositivos móviles habría revelado la presunta planificación y estrategias ilícitas para tomar del control de la institucionalidad del Estado, indicó la Fiscalía en un comunicado.
En la diligencia, Toainga señaló que los exconsejeros habrían utilizado su cargo para proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas.
Entre estos actos se incluiría la designación de autoridades, como el superintendente de Bancos, afines al movimiento Revolución Ciudadana, del exjefe de Estado Rafael Correa (2007-2017).
Además, los ahora procesados habrían articulado una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos, mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias, reza el escrito.
La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal con varios elementos de convicción, entre los que figuran el informe de extracción y materialización de las conversaciones obtenidas de los teléfonos celulares de uno de los procesados, el informe de informática forense y versiones de los denunciantes.
Información de teléfonos
La audiencia contra la llamada "liga azul", vinculada al correísmo, se dio a menos de un mes de la segunda vuelta electoral en la que el jefe de Estado, Daniel Noboa, que busca la reelección, se medirá con la correísta Luisa González.
El expresidente Correa ha calificado de "persecución" y payasada" a la acusación de la Fiscalía, institución que, además, reveló unas conversaciones supuestamente extraídas del celular de Augusto V., quien está presuntamente en el extranjero.
En las conversaciones de texto, que están bajo seudónimos, se habla, entre otros, de recomendaciones para integrar la terna para el Consejo de la Judicatura y de presionar a la Asamblea Nacional para que posesione al superintendente de Bancos.
"Sin la súper de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la súper de bancos", señala uno de los diálogos.
"Golpe de Estado azul"
Para el Ministerio de Gobierno, las revelaciones de la Fiscalía pusieron de manifiesto "un plan para perpetuar el poder a través de maniobras encubiertas por parte de la 'liga azul'", por lo que reafirmó su compromiso "con la transparencia, la legalidad y la defensa" de la institucionalidad.
En un comunicado titulado "¡No al golpe de Estado azul!, señaló que el Gobierno rechaza "de manera contundente los intentos de manipulación y control de la justicia, a través de jueces, por parte de la 'liga azul', cuyos miembros intentaban desvirtuar el propósito del CPCCS para fines partidistas".
"La trama delictiva de la 'liga azul' -dice- evidencia los nexos de la vieja política en las instituciones democráticas y en la justicia para desestabilizar al Gobierno y dar un golpe de Estado azul".