"En nuestra opinión, los juicios que se están celebrando en Bakú son un farsa", dijo el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien también denunció el uso de "métodos prohibidos contra los detenidos, incluida la tortura".
Tras más de 500 días de cautiverio, los armenios enfrentan cargos de terrorismo, crímenes de guerra y separatismo, que les pueden acarrear largas penas de cárcel o incluso la cadena perpetua.
Entre los detenidos se encuentran los expresidentes de Nagorno Karabaj, Arkadi Gukasián, Bako Sahakián y Araik Harutyunián, así como el ex primer ministro, Rubén Vardanián; el excanciller, David Babaián; y el expresidente de la Asamblea Nacional, David Ishjanián.
Procesos con motivación política
La abogada Siranush Sahakián, especialista en derecho internacional y derechos humanos, y representante de los detenidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está convencida de que los procesos judiciales contra los prisioneros armenios constituyen una grave violación a las normas del derecho internacional.
"Es un proceso con motivaciones políticas", aseguró en declaraciones a EFE.
Azerbaiyán justifica estos juicios alegando que los detenidos han cometido delitos graves y que su sistema judicial es competente para procesarlos.
Sin embargo, Sahakián asegura que los tribunales azerbaiyanos carecen de independencia y actúan como una extensión del poder ejecutivo.
Según la letrada, los jueces que llevan los procesos tienen un historial documentado de fallos contra opositores políticos, periodistas y críticos del gobierno, lo que impide que los prisioneros armenios reciban un juicio justo.
Sahakián insiste en que gran parte de las acusaciones son infundadas o incluso absurdas.
Como ejemplo de ello pone el caso de Ruben Vardanián, imputado por haber participado en el movimiento de autodeterminación de Nagorno Karabaj en los finales de los 1980, cuando era estudiante en Moscú y no tenía ningún vínculo con el conflicto.
Para la abogada, este tipo de acusaciones demuestran que el objetivo de Bakú no es impartir justicia, sino utilizar el sistema judicial como un mecanismo de persecución política.
Recientemente, Vardanián se sometió a una huelga de hambre en protesta por el "espectáculo" al que fue sometido y su estado de salud se deterioró considerablemente.
No obstante, siguió denunciando los abusos a los derechos de los prisioneros. Sahakián advirtió además que la defensa de Vardanián no puede acceder a las pruebas esgrimidas por la fiscalía, lo que convierte estos procesos en procedimientos arbitrarios con veredictos predeterminados.
"La retórica antiarmenia promovida por el Estado crea un entorno en el que es imposible garantizar un juicio imparcial. Los acusados no son vistos como individuos con derecho a defensa, sino como enemigos que deben ser castigados", recalcó la abogada.
En su opinión, esto se refleja en la actitud de los fiscales, jueces y hasta en la opinión pública azerbaiyana, que en muchos casos considera estos juicios como una forma de venganza más que como un procedimiento legal.
Las condiciones de detención de los prisioneros armenios también son motivo de preocupación. La especialista en derechos humanos denuncia que existen pruebas claras de tortura y malos tratos sistemáticos, que incluyen golpes, privación del sueño y simulacros de ejecución.
Estos abusos, según la abogada, no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática de discriminación étnica.
Pasividad de la comunidad internacional
En las calles de Ereván, los ciudadanos armenios exigen la liberación inmediata de los rehenes frente a las sedes de la ONU y la Cruz Roja. Los armenios de las comunidades de la diáspora también se concentran bajo la misma de demanda.
La respuesta de la comunidad internacional se ha limitado a declaraciones que no han influido en la actitud del presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.
Sahakián opina que hay varios factores que explican esta inacción.
"Por un lado, los intereses geopolíticos y económicos priman sobre las preocupaciones humanitarias. Azerbaiyán es un actor clave en el suministro de energía a Europa, lo que ha llevado a muchos países a evitar confrontaciones directas con el régimen de Bakú", asegura la abogada.
Por otro lado, añade, Armenia sigue negociando con Azerbaiyán y la comunidad internacional ha optado por no intervenir de manera contundente para no poner en riesgo el diálogo", asegura la abogada.
Sahakián advierte de que, si no se toman medidas concretas, estos juicios podrían sentar un precedente peligroso y legitimar el uso de tribunales nacionales para llevar a cabo persecuciones políticas en otros conflictos internacionales.
"En ausencia de una presión internacional real y sostenida, los juicios seguirán su curso con condenas aseguradas, perpetuando la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos", concluye.