El informe, de más de 400 páginas, indicó que varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) "mantienen medidas que afectan el comercio en servicios audiovisuales", entre ellos Francia, Italia y España.
En este último caso, el texto destacó que aunque España "generalmente concede a los inversores extranjeros el mismo trato que a los nacionales, la legislación española limita la propiedad individual de licencias de radiodifusión audiovisual por parte de personas no pertenecientes a la UE al 25 %".
Las políticas cinematográficas y de contenidos audiovisuales de España también son una preocupación para Washington.
"Por cada tres días que se proyecte una película de un país no perteneciente a la UE, debe exhibirse una película de la UE en los cines. Esta proporción se reduce a uno por cada cuatro días si el cine proyecta una película en una lengua oficial de España distinta del español y la mantiene en ese idioma durante todo el día", explicó.
El informe destacó que el catálogo de servicios bajo demanda en España debe incluir al menos un 30 % de contenido comunitario, del que al menos la mitad tiene que ser en una lengua oficial en España.
"Además, las emisoras y los servicios bajo demanda con ingresos superiores a 50 millones de euros (aproximadamente 52 millones de dólares) deben invertir el 5 % de sus ingresos en la producción de obras de la UE y de España", continuó el informe.
Con respecto a las ayudas al fabricante aeronáutico Airbus, EE.UU. señaló que "durante muchos años, Francia, Alemania, España y, en menor medida, Bélgica, han concedido subvenciones a empresas nacionales afiliadas a Airbus para apoyar el desarrollo, la producción y la comercialización de aviones civiles de gran tamaño".