Las cuentas fueron adoptadas por la Asamblea Nacional (Cámara baja) con 194 votos a favor y 182 en contra después de que su presentación fuera pospuesta el pasado febrero por los desacuerdos políticos en el seno del Gobierno de unidad que dirige el país desde que el histórico Congreso Nacional Africano (CNA) perdió la mayoría absoluta por primera vez en las elecciones de mayo de 2024.
Uno de los principales desacuerdos era sobre la subida del IVA, que el ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, propuso inicialmente que fuera de dos puntos porcentuales, por encima del actual 15 %, para aumentar la recaudación de las arcas del Estado.
Pero la Alianza Democrática (DA, centroderecha liberal), el segundo partido de la coalición gubernamental, se opuso a ese plan "en un momento en que millones de sudafricanos sufren ya una crisis del coste de la vida", según dijo entonces su líder y actual ministro de Agricultura, John Steenhuisen.
Más tarde, a mediados de marzo, Godongwana propuso un aumento menor del IVA, con dos subidas de medio punto porcentual en 2025 y 2026, además de otras medidas como el mantenimiento de los tramos del impuesto sobre la renta sin ajustes por inflación.
En un comunicado, la DA ya ha informado de que recurrirá las nuevas cuentas ante la Justicia, al tildar de "ilegal e inconstitucional" la manera en que se ha aprobado el texto.
Esta situación supone un episodio más de tensión que deja en evidencia la fragilidad del histórico Gobierno de unidad sudafricano, integrado por once partidos (si bien solo siete de ellos tienen puestos en el Gabinete de ministros).
El conflicto se suma al desacuerdo en torno a la Ley de Enmienda de la Ley de Educación Básica, aprobada por el Ejecutivo el pasado septiembre, que la DA considera que pone en peligro la enseñanza del afrikáans, idioma hablado por los sudafricanos blancos descendientes de los colonos neerlandeses.
También ha desatado un enfrentamiento en el seno del Gobierno la nueva y controvertida Ley de Expropiación, adoptada el pasado 23 de enero después de cinco años de deliberaciones parlamentarias y consultas públicas, que facilita el Estado la expropiación de tierras por interés público.
La DA presentó una demanda contra esa norma, que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ordenar el pasado febrero el cese indefinido de la ayuda que manda a Sudáfrica, al acusar a Pretoria de violar los derechos humanos de los afrikáners.