"El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia contra el Juez Roberto A. Gallardo por mal desempeño en sus funciones. A través de decisiones sin respaldo legal, ha sobrepasado los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las Fuerzas Federales en la protección de los ciudadanos", anunció la cartera en un comunicado difundido a través de la red social X.
El texto precisó además que "la denuncia lo recusa por parcialidad y prejuzgamiento, apela la medida cautelar, se plantea la nulidad y se objeta su competencia para intervenir".
Seguridad Nacional puso en duda la imparcialidad del juez y le acusó de tener "una inclinación en favor de ciertos sectores".
"Es fundamental recordar que la seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales", agregó el comunicado, en referencia a la protesta de este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
En su resolución, Gallardo había ordenado que el Ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en la protesta “más allá de los límites de protección de intereses federales”.
En el fallo, al que tuvo acceso EFE, el juez hizo referencia a "situaciones de violencia, conflictos y caos" durante movilizaciones previas en las que hubo varios heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, que continúa internado tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza el pasado 12 de marzo.
Durante aquella protesta, en la que las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes que se concentraron para pedir mejores condiciones para los jubilados del país suramericano, el fotógrafo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su frente, que le provocó pérdida de masa encefálica.
En el operativo policial, a cargo de Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad utilizaron escuadrones de infantería equipados con gas pimienta, escopetas con balas de goma y lanzagranadas, que dejaron un saldo final de 46 heridos y 124 detenidos.
En las horas posteriores a la protesta, 114 de los detenidos fueron liberados por decisión de la jueza de la ciudad de Buenos Aires Karina Andrade, a quien el Ministerio de Seguridad Nacional denunció días después en el fuero federal acusándola de haber cometido "graves irregularidades" en la liberación de los detenidos.