La remodelación, largamente esperada desde la promulgación de la 'Carta de la Refundación' -la declaración constitucional provisional adoptada por la junta militar el pasado 26 de marzo-, ha incorporado a nueve militares y 17 civiles, entre ellos siete nuevos miembros.
Los principales ministerios no han experimentado cambios significativos, pues Lamine Zen Ali Mohamed ha sido confirmado como primer ministro, cargo que compagina con la cartera de Economía y Finanzas, el general Salifou Mody se mantiene al frente de Defensa y el general Mohamed Toumba continúa en Interior; ambos conservan también el rango de ministros de Estado.
Varios departamentos como Salud, Transportes, Equipamiento, Minas, Medioambiente y Agricultura siguen bajo el control de coroneles, todos ellos miembros del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), órgano de poder establecido tras el golpe militar del 26 de julio de 2023.
Una de las pocas redistribuciones ha sido la del coronel mayor Abdourahamane Amadou, portavoz del CNSP, que deja Cultura y Deportes para asumir el ministerio de Transportes y Aviación Civil.
Entre los 17 civiles del nuevo gabinete, se mantienen Bakary Yaou Sangaré en Exteriores, Alio Daouda en Justicia, Sahabi Oumarou en Petróleo, Mamadou Seydou en Enseñanza Superior, Élisabeth Chérif en Educación Nacional y Amadou Hawa en Energía.
También continúa en su cargo Soumana Boubacar como ministro-director de Gabinete del Presidente, ahora reforzado con la función de portavoz del Gobierno.
Asimismo, los ministerios de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Comercio e Industria, y Juventud y Deportes han sido asignados a nuevos responsables, incluidos un actor de la sociedad civil y un representante juvenil.
El nuevo Ejecutivo incorpora también carteras de reciente creación, como las de Población, Acción Social y Solidaridad Nacional; Refundación, Cultura y Promoción de los Valores Sociales; y Enseñanza y Formación Técnica y Profesional, todas ellas en manos de nuevos titulares.
La composición del gabinete refleja la intención de la junta militar de integrar a más civiles en la gestión del Estado, sin renunciar al control de sectores estratégicos como Defensa e Interior, en un contexto de inseguridad persistente que sacude al país desde hace más de una década.
Según analistas, la orientación soberanista del régimen, centrada en la apropiación de los recursos naturales y la reducción de la dependencia exterior, justificaría la permanencia de militares al frente de ministerios clave como Agricultura, Salud y Minas.