La decisión fue anunciada por el ministro de Asuntos de Gobierno sursudanés, Martin Elia Lomuro, en una rueda de prensa en Yuba, en un momento en el que crecen las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, que amenazan el acuerdo de paz de 2018, que permitió el reparto del poder en el empobrecido país africano.
Lomuro atribuyó la medida a lo que calificó de "cada vez mayor alianza" del SPLM-IO con el Ejército Blanco, que "ha agravado la inseguridad en todo el país".
Advirtió también de que la tensión ha alcanzado "niveles peligrosos" tras una serie de mortíferos ataques protagonizados por el Ejército Blanco en el estado del Alto Nilo en marzo pasado.
Los condados declarados "hostiles", están habitados únicamente por tribus de la etnia Nuer, y se ubican en varios estados del este, centro y el oeste de Sudán del Sur, incluidos los del Alto Nilo, Jonglei y Unidad.
Esa etnia desempeñó un papel crucial en la guerra civil, si bien el Ejército Blanco se opuso al acuerdo de paz de 2018 y afirmó que actuaba de forma independiente del movimiento de Mashar.
Lomuro acusó, sin embargo, al SPLM-IO de conspirar con el Ejército Blanco, afirmando: "si bien el SPLM/A-IO afirma que el Ejército Blanco opera de forma independiente, sus vínculos (con ellos) son fuertes e inseparables. Esto solo puede confirmarse mediante las investigaciones en curso".
La declaración del ministro se produce tras dos meses de intensa tensión entre los dos principales firmantes del acuerdo de paz; el presidente del Gobierno Salva Kiir, y el líder del SPLM-IO, que se encuentra en arresto domiciliario desde finales de marzo pasado.
La crisis comenzó el pasado 4 de marzo, cuando el Ejército Blanco, alineado originalmente con el SPLM-IO, tomó en la ciudad de Nasir (norte) una guarnición del Ejército sursudanés y mató días después a militares.
La respuesta del Gobierno fue una ola de detenciones de líderes y figuas opositoras, incluido Machar, y una serie de bombardeos contra supuestas posiciones del Ejército blanco en Nasir.
Sudán del Sur, que se independizó en 2011, sufrió un lustro de guerra que provocó la muerte de unas 400.000 personas y que terminó con el acuerdo de 2018, cuyas principales disposiciones nunca se han llegado a implementar.