El juez penal de garantías, Victor Hugo Ronzewski, ordenó la remisión inmediata a la Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú) de Sergio Daniel Riquelme, propietario de una carnicería y actual precandidato a concejal municipal por la ciudad de Benjamín Aceval.
Riquelme fue imputado por los supuestos hechos de abigeato y reducción, luego de una intervención liderada por el fiscal Irán Suárez. Según la investigación, el político lideraba un esquema que se dedicaba a faenar animales ajenos para luego comercializar la carne en su propio negocio.
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El mismo precandidato pugna dentro del cartismo para ser concejal 2026, bajo la lista 2X, opción 8, bajo patrocinio de la precandidata a intendente Carolina Centurión (HC-ANR).
El caso estalló cuando la policía sorprendió a tres personas en la Estancia Santa Marta, ubicada en el kilómetro 97 de la ruta Transchaco. En el operativo, fueron detenidos Virgilio Amarilla Achar, Arnildo Urbieta Portillo y Yésica Rosalba Morales Meza.
Los agentes encontraron al grupo en plena flagrancia mientras se disponían a alzar ocho bolsas cargadas con carne vacuna. Según las declaraciones de los implicados, Amarilla y Urbieta fueron los encargados de disparar al animal, mientras que Morales se ocupaba del transporte de la mercancía.
El rifle y el “patrón”
Tanto Amarilla como Urbieta confesaron que actuaban bajo las órdenes del candidato a concejal Riquelme, a quien se referían como su “patrón”. Declararon que el político no solo les indicaba qué animal matar, sino que también les proporcionaba el rifle para cometer el delito y les entregaba dinero para gastos operativos.
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Por su parte, Yesica Morales, quien realizaba los fletes, admitió que la carne tenía como destino final la carnicería “San Agustín”, propiedad de Riquelme. La mujer detalló que se comunicaban por mensajes de WhatsApp, donde llamaban “máquina” al arma de fuego para evitar sospechas.
La defensa del candidato cartista
Durante su audiencia, Sergio Riquelme negó las acusaciones. El político afirmó que Yesica Morales es una de sus “operadoras políticas” y que las constantes llamadas y mensajes entre ambos se debían estrictamente a labores de campaña electoral.
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Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para el juzgado. La admisión de una querella adhesiva por parte de los propietarios de la firma Estancia Don Mateo S.A. reforzó la posición de la Fiscalía, resultando en la orden de prisión preventiva para asegurar que el imputado no obstruya el proceso de investigación.