Los exlegisladores Claudia Mo, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam y Gary Fan fueron trasladados en la madrugada desde tres centros penitenciarios diferentes.
El despliegue de seguridad fue notable, con patrullas policiales en las inmediaciones y restricciones en el acceso a varias vías horas antes del operativo.
La excarcelación de los militantes se produjo después de que el tribunal descontara el tiempo que estuvieron detenidos desde finales de febrero de 2021, cuando se les revocó la fianza policial.
Tras su presentación formal ante el tribunal en marzo de ese año, se les negó la libertad bajo fianza a la espera de juicio por motivos de seguridad nacional.
De acuerdo con la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, promulgada hace un año con el objetivo de cerrar las 'lagunas' en la legislación de Pekín, los reclusos condenados por delitos contra la seguridad nacional deben cumplir requisitos más estrictos para acceder a la libertad anticipada, lo que hace poco probable su excarcelación.
Esta liberación marca la salida del primer grupo de 45 demócratas condenados en el mayor juicio por seguridad nacional en la región semiautónoma, que concluyó en noviembre.
El fallo del Tribunal de Primera Instancia, emitido el 30 de mayo de 2024, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado luego de que Pekín introdujera en junio de 2020 la Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad, eludiendo el poder legislativo local, a raíz de las multitudinarias protestas antigubernamentales.
Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, fueron 47 los implicados en el proceso, que comenzó a raíz de su participación en una elección primaria no oficial celebrada por el campo prodemocrático en 2020 y en la que más de 600.000 votantes eligieron candidatos para los comicios al Legislativo.
En marzo de 2021, el bloque fue acusado conjuntamente de “conspiración para cometer subversión” en torno a dichas primarias extraoficiales, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos para los comicios y asegurarse la mayoría.
Los procesados fueron imputados de haber pretendido, en caso de haber obtenido la mayoría, abusar de sus poderes como legisladores para vetar los proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del Gobierno y, en última instancia, obligar a la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, a dimitir.
Tres jueces del Tribunal Superior, todos ellos elegidos a dedo por el dirigente municipal para instruir casos de seguridad nacional, consideraron que las votaciones formaban parte de un complot más amplio para “socavar, destruir o derrocar” el gobierno municipal provocando una crisis constitucional tras la toma de posesión de la legislatura.
Según el tribunal, la conspiración, de haber tenido éxito, habría interferido gravemente, perturbado o socavado el funcionamiento del gobierno debido al daño sustancial que habría causado al “poder y la autoridad del gobierno y del jefe del ejecutivo”.