En un informe publicado este miércoles, este organismo público de control examina la actividad de la Agencia Nacional para la Gestión de los Residuos Radiactivos (Andra) apenas tres semanas después de que ésta hiciera una nueva evaluación al alza de los costos de su proyecto Cigéo para enterrar en una mina geológicamente estable los más peligrosos.
En el documento, recuerda que para Andra el principal desafío es precisamente Cigéo, que acumula "un retraso significativo, de al menos 20 años respecto" a la ley de 2006 en que se sustenta, que preveía su entrada en servicio en 2025.
Pero más allá de ese retraso, el Tribunal de Cuentas manifiesta su inquietud porque a su parecer hace falta un fondo con una financiación de largo plazo.
Sus expertos hacen notar que "como todo proyecto nuclear, Cigéo suscita oposiciones" y anticipa "mayores riesgos de bloqueo, en particular durante las expropiaciones" y a las obras de acondicionamiento necesarias para la mina, que está programada en el límite entre los departamentos de Haute Marne y Meuse, al noreste de Francia.
Por eso insiste en que "la aceptación local es crucial para el éxito del proyecto" y eso requiere que los actores sobre el terreno conozcan cuáles serán las compensaciones financieras.
Es decir, que "es necesario definir su fiscalidad futura por la vía legislativa y reglamentaria desde 2025 para integrar esa carga al costo global del proyecto que se tiene que fijar de aquí a finales de año.
En su evaluación publicada en mayo, Andra calculó que Cigéo podría costar entre 26.000 y 37.000 millones de euros por un periodo de funcionamiento de 150 años.
La cuestión cobra una importancia particular porque, más allá del parque actual de reactores nucleares, que suministran alrededor del 70 % de la electricidad del país, el presidente, Emmanuel Macron, anunció en 2022 un programa para construir al menos media docena de nuevos reactores entre 2035 y 2050.
Al margen de Cigéo y de su financiación, un segundo gran problema subrayado por el Tribunal de Cuentas son los más de 280.000 metros cúbicos de residuos radiactivos 'de débil actividad y larga vida' (FAVL) que aunque no deben ser enterrados a gran profundidad, no tienen por el momento una solución duradera de almacenamiento.
El organismo de control recuerda que un proyecto de centro de almacenamiento en Soulaines acumula "un retraso de más de 30 años" respecto al objetivo de 2013 que se había fijado en la ley de 2006.
"La ausencia de almacenamiento de FAVL de aquí a 2050 podría afectar el inventario de residuos destinados a Cigéo y exacerbar las tensiones en el sector nuclear si la realización de los dos proyectos tuviera que ser retrasado más allá de ese plazo", advierte.
Por esos insiste en que hay que "identificar soluciones de gestión" para los residuos FAVL y para eso hay que fijar "sin tardar" las modalidades de financiación y los estudios.