La decisión de este jueves del Supremo anula una moción emitida por un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, a pesar de que la máxima corte había permitido a la Casa Blanca deportar migrantes a terceros países.
El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, había determinado en mayo pasado que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden ser torturados sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.
Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios estuvieron en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones "deplorables".
Tras el fallo que permitía la deportación a los terceros países, los defensores de los migrantes pidieron a Murphy que continuara deteniendo la deportación, pero esa orden fue revocada este jueves.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon la decisión de la mayoría del Supremo.
"La orden de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero el Gobierno tiene a la Corte Suprema a su disposición", escribió Sotomayor.
De los ocho deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo.
El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadounidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.
El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el Gobierno y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo "deportaciones masivas".
Para acelerar las deportaciones, Washington busca acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.
En marzo pasado el Gobierno de Trump ordenó mandar a más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicadas de sus familiares y abogados.