Desde el 1 de junio más de 546.000 personas han retornado desde Irán, lo que eleva a más de un millón el número total en lo que va de año, según alerta la agencia de la ONU.
La mayoría cruza por el paso de Islam Qala, en la provincia occidental de Herat, una de las zonas más afectadas por las recientes olas de calor.
En mayo Teherán dio como fecha límite el 15 de julio para que los afganos sin documentación abandonen el país, una medida similar a la adoptada por Pakistán en abril, la segunda nación con más deportaciones de personas afganas.
Los retornos diarios se multiplicaron por diez desde el inicio del conflicto entre Irán e Israel a mediados de junio, según denuncia la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Solo el 1 de julio, más de 43.000 personas cruzaron la frontera, frente a una media previa de 5.000 al día.
La ONU y la Cruz Roja advierten que la cifra podría superar los dos millones a finales de año, en una crisis que ha alcanzado picos de hasta 50.000 personas cruzando la frontera iraní en un solo día.
Aunque el departamento talibán aseguró que se están proporcionando refugios temporales a los retornados, la situación en el paso fronterizo es alarmante, y las autoridades han admitido que no cuentan con los medios necesarios para hacer frente a la emergencia, agravada por la falta de apoyo internacional y por el colapso económico.
Afganistán enfrenta una de las peores crisis humanitarias en la actualidad, con cerca de 23 millones de personas -la mitad de la población- en necesidad de asistencia, en un contexto de sequía, pobreza extrema y aislamiento internacional.
Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 más de 5,8 millones de afganos han sido deportados desde Irán y Pakistán, según datos de Naciones Unidas. Desde entonces, miles de afganos han abandonado el país, principalmente por razones económicas o temor a represalias.
Irán acoge a más de 3,5 millones de refugiados, en su mayoría afganos que huyeron de décadas de conflicto e inestabilidad. En los últimos meses, el país ha intensificado las expulsiones de migrantes indocumentados, en medio de una grave crisis económica y crecientes tensiones regionales.
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