"Este pacto ahuyenta, sin duda, el riesgo del desastre, pero es cierto que es tremendamente ambiguo", declaró en un comunicado Le Pen, divulgado un día más tarde del acuerdo que convertirá a Nueva Caledonia en un Estado dentro del propio Estado francés, una fórmula jurídica inédita en Francia.
Para Le Pen, quien no participó en las negociaciones que se prolongaron durante 10 días en Bougival (afueras de París), el compromiso alcanzado "es un trabajo de pura ingeniería institucional" que no da respuesta a "las soluciones concretas de la población" caledonia.
"El acuerdo de Bougival recuerda, en realidad, a la gestión de la deuda pública llevada a cabo por (el presidente, francés) Emmanuel Macron: gana tiempo pidiendo crédito y posterga su coste en los años venideros", criticó.
Le Pen lamentó que el texto carezca de "una firme voluntad de impulsar la máquina económica caledonia" en sectores como el níquel y juzgó de "ejercicio de equilibrismo político" el hecho de que se cree "un Estado caledonio" y "una nacionalidad caledonia".
Puede darse "un efecto de contagio en el conjunto de los otros territorios de ultramar" de Francia, advirtió Le Pen.
Antes de ser aprobado por los habitantes de Nueva Caledonia, previsiblemente en 2026, el compromiso ha de tener el visto bueno del Congreso del Parlamento francés, en el que el Senado y la Asamblea Nacional se reúnen excepcionalmente para validar una reforma constitucional.
Le Pen, cuyo partido lidera la oposición en la Asamblea Nacional francesa por lo que la tramitación constitucional de este acuerdo podría depender de su voto, no dio pistas de si lo apoyará y se limitó a anotar que el RN buscará "aclarar todas las ambigüedades del texto y proponer todas las mejoras" posibles.
Nueva Caledonia, territorio de ultramar a 17.000 kilómetros de París y con 270.000 habitantes, ha tenido una tensa relación con Francia desde hace décadas que tuvo uno de sus epicentros en 2024, cuando una insurrección dejó 14 muertos y provocó destrozos materiales por valor de 2.000 millones de euros.
A pesar de dos acuerdos marco (el de Matignon de 1988 y el de Numea de 1998) y de tres referendos de autodeterminación (2018, 2020 y 2021), no se resolvieron los roces entre los aborígenes 'canacos' (partidarios de la independencia y que representan el 41 % de la población) y los 'leales' (favorables a la unidad).