El tribunal argumentó que, en un matrimonio en crisis, la necesidad de presentar pruebas para un juicio justo prevalece sobre el derecho a la privacidad en las comunicaciones entre la pareja. "Si un matrimonio ha llegado a una etapa en la que los cónyuges se espían activamente, eso es en sí mismo un síntoma de una relación rota", razonaron los jueces.
Al legalizar una práctica que en muchos países sería considerada una grave violación de la intimidad, el tribunal indio argumentó que el derecho a un "juicio justo" y a presentar pruebas prevalece sobre la privacidad dentro de un matrimonio que ya se encuentra en crisis.
La sentencia es especialmente significativa en la India, donde el derecho a la privacidad fue consagrado como un derecho "fundamental" por el propio Tribunal Supremo en una histórica decisión en 2017.
Este fallo establece un límite a ese derecho recién adquirido, al menos dentro del matrimonio, en un país donde los juicios de divorcio por "crueldad" son a menudo contenciosos y las partes buscan pruebas de conversaciones privadas para sustentar sus casos.
Esta postura contrasta con la legislación en la mayoría de países de la Unión Europea. En España, por ejemplo, grabar a alguien sin su consentimiento puede constituir un delito contra la intimidad, y la jurisprudencia es muy restrictiva sobre la admisión de este tipo de pruebas en un juicio.
En Estados Unidos, la legalidad depende de cada estado, con algunos que permiten la grabación si una de las partes consiente (ley de "un solo consentimiento") y otros que exigen el consentimiento de todas las partes involucradas.
La decisión de la corte india pone así de relieve un dilema global de la era digital: cómo equilibrar la búsqueda de la verdad en los procesos judiciales con el derecho a la intimidad personal, en un mundo donde la tecnología ha hecho que espiar sea más fácil que nunca.