Ambos fueron considerados responsables de ataques sistemáticos contra la población musulmana, en el marco de una campaña de violencia llevada a cabo por las milicias cristianas conocidas como Anti-Balaka, tras la caída del entonces presidente François Bozizé.
El exmilitar y exdiputado Yekatom escuchó la sentencia ataviado en traje y corbata, y sin realizar ningún gesto cuando se anunciaron los 15 años de prisión que recibió como condena por un total de 20 crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, torturas, persecución por motivos religiosos, desplazamientos forzados, y ataques contra la población civil.
Ngaïssona, empresario, exministro de Deportes y exdirigente de la Federación Centroafricana de Fútbol, acudió a la sala trajeado de azul oscuro y asintió con la cabeza al escuchar su condena a 12 años de cárcel por 28 crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues se consideró probado que financió y dio instrucciones directas a los grupos armados en varias regiones, como máximo dirigente político y “coordinador general nacional” del movimiento Anti-Balaka.
Las condenas anunciadas hoy llegan después de más de cinco años de proceso judicial en La Haya por los crímenes de guerra y de lesa humanidad como asesinatos, ataques contra civiles, destrucción de bienes enemigos; deportaciones, torturas, violaciones e intentos de violación, entre otros.
Yekatom fue comandante de un grupo de alrededor de 3.000 combatientes dentro de las milicias anti-Balaka que cometieron estos crímenes entre diciembre de 2013 y agosto de 2014, en zonas como Bangui y la prefectura de Lobaye. Fue arrestado y transferido a la CPI en noviembre de 2018, la primera extradición realizada desde la RCA.
Ngaïssona fue detenido por las autoridades francesas en diciembre de ese año y entregado un mes después a la Corte. En febrero de 2019, el tribunal unificó sus casos.
El juicio comenzó en febrero de 2021 y la Fiscalía presentó 114 testigos, además de tres víctimas representadas legalmente. Ngaïssona negó rotundamente haber financiado milicias, ser parte de un círculo armado, o incitado al odio, y también exigió pruebas concretas —facturas, testigos— defendiendo que las acciones fueron una “resistencia local”, no una ofensiva organizada.
La República Centroafricana se sumió en el caos en 2013, cuando rebeldes mayoritariamente musulmanes de Séléka tomaron el poder. En respuesta, surgieron las milicias Anti-Balaka, en su mayoría cristianas, que llevaron a cabo represalias violentas contra civiles musulmanes.
Al menos 1.000 personas murieron solo en diciembre de 2013 en enfrentamientos en Bangui, y la mitad de la población de la capital huyó ese mismo mes.