La agencia de noticias oficial sudanesa SUNA informó de que un tribunal sentenció a la pena capital a un acusado de "socavar el sistema constitucional, provocar una guerra contra el Estado, colaborar con organizaciones y grupos terroristas, crímenes de genocidio y de guerra" por la Fiscalía General de Shaikan, en Al Obeid, capital del estado de Kordofán Norte, en el centro del país.
El caso se abrió cuando la Fiscalía General recibió una denuncia de la implicación del acusado en el "apoyo a las fuerzas rebeldes mientras atacaba el Estado", en referencia a su presunto respaldo a las FAR en sus enfrentamientos contra el Ejército de Sudán en la región.
Tras las investigaciones, el tribunal dictó sentencia y condenó al acusado a la horca, si bien no trascendió cuándo se ejecutará la pena.
Actualmente, los acusados de colaborar con los paramilitares están siendo enjuiciados por socavar el sistema constitucional, resistir la autoridad a la fuerza, cometer crímenes de guerra y colaborar con un grupo terrorista, después de que en agosto de 2023 el presidente del Consejo Soberano, Abdelfatah Al Burhan, anunciara la formación de un comité de investigación en las violaciones y crímenes cometidos por las FAR.
Más de 3.000 presos condenados a muerte están a la espera de la nueva formación del Tribunal Constitucional para que tome una decisión acerca de su destino.
Hasta el momento no se ha consumado ninguna ejecución dado que no han terminado todas las fases del proceso, que pasa por el Tribunal de Apelaciones, el Supremo y el Constitucional, el cual no se ha formado todavía desde el fin del mandato de los jueces en 2020.
En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza) el pasado junio, el fiscal general sudanés y jefe del Comité Nacional de Investigación de Crímenes de Guerra, Al Fateh Taifur, dijo que registraron más de 120.000 demandas criminales por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad y terrorismo que cometieron las FAR.
En su intervención agregó que 257 demandas criminales se registraron contra miembros de las fuerzas gubernamentales en casos individuales no sistemáticos.