En una carta pública, Renacer Nicaragua explicó que respalda la suspensión temporal del DR-Cafta "con el régimen actual", que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, "hasta que en Nicaragua existan condiciones democráticas y se garantice que los beneficios del comercio internacional lleguen efectivamente a la población y no a la maquinaria represiva del Estado".
El Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del DR-Cafta tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DD.HH. y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".
Para Renacer, cuyos dirigentes residen en el exilio, solo será posible insertar a Nicaragua en el comercio global bajo un sistema democrático genuino con un cambio de "régimen profundo", "terminando con un modelo que legitima la delincuencia por la vía política y criminaliza las aspiraciones de libertad y justicia".
En ese sentido, ese movimiento político, que se define de centro liberal y comprometido con la libertad y el Estado de derecho, planteó una serie de exigencias mínimas para iniciar un proceso de transición responsable y vigilada, que incluya la liberación inmediata e incondicional de todos los "presos políticos".
También, el restablecimiento pleno de las libertades públicas y derechos ciudadanos, incluyendo el derecho de organización, movilización y expresión; y la desmilitarización del sistema político y de las instituciones públicas "que hoy sustentan el aparato de represión y el paramilitarismo estatal, disolviendo así las estructuras que habilitan el abuso de poder y la infiltración criminal".
Además, una reforma institucional supervisada internacionalmente, con especial atención al sistema electoral, judicial y de seguridad pública.
Asimismo, garantías internacionales de seguridad y participación para los liderazgos democráticos en el exilio y para todos los ciudadanos que deseen contribuir al proceso de refundación nacional.
"Estas condiciones solo podrán cumplirse con el acompañamiento y respaldo firme de la comunidad internacional, en especial de los países que han apoyado históricamente la democracia y los derechos humanos en Nicaragua", señaló ese movimiento.