"El Ejecutivo ha planteado dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso", anunció el primer ministro, Ernesto Álvarez.
El jefe del gabinete de ministros señaló que estos puntos han sido incluidos en un oficio presentado al Congreso para exponer la posición del Ejecutivo sobre un dictamen que plantea la ampliación hasta por dos años del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que es debatido este jueves por el pleno del Legislativo.
Álvarez dijo que el Gobierno de transición, que preside interinamente José Jerí, mantiene un trabajo coordinado con el Congreso, pero anunció que si el dictamen que se apruebe no es acorde a la posición del Ejecutivo será devuelto con observaciones, con lo que la norma quedará sin entrar en vigencia, ya que la actual legislatura concluye este viernes.
"Con estos aportes, el Ejecutivo busca que el Congreso cuente con un texto técnicamente viable que fortalezca la formalización minera, reduzca el espacio para actividades ilegales y brinde seguridad jurídica al sector", remarcó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El pleno del Congreso debatió durante la tarde de este jueves la propuesta de ampliación del Reinfo, aunque por dos años, pero al no haber alcanzado un consenso decidió que el tema pase a un cuarto intermedio.
Mientras esto sucede, cientos de mineros informales se han movilizado por diferentes localidades del país, principalmente en el sur, pero también en el centro histórico de Lima, para exigir que se apruebe la norma.
El pasado 18 de noviembre, la comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de formalizar a 31.000 mineros, aunque otros sectores consideran que se trata de un instrumento que facilita la ilegalidad y la violencia.
A pesar de que el Parlamento amplió en 2024 durante un año la vigencia del registro, luego no se puso de acuerdo en comisiones para elaborar y aprobar una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que fue promovida por el Ejecutivo que entonces presidía Dina Boluarte.
Cuando se aprobó el proyecto en comisiones, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, señaló que no era "una buena noticia" para su país y aseguró que a pesar de las continuas extensiones, la formalización ha sido poca, pero ha continuado "la explotación de las personas y la generación de la violencia".