La agrupación denunció en un comunicado que estos operativos se caracterizaron por "requisas masivas, traslados forzosos a comisarías y exposición pública, aun cuando la gran mayoría de las personas intervenidas contaban con documentación migratoria plenamente regular".
Mencionó directamente a un operativo realizado en las últimas horas en el que, según aseguró, unos 1.500 venezolanos fueron trasladados a dependencias policiales y sostuvo que, de acuerdo con información oficial, solo alrededor de 90 de ellos se encontraban en situación migratoria irregular.
"Estos datos evidencian que la actuación policial fue desproporcionada, arbitraria y carente de razonabilidad jurídica", agregó antes de indicar que las estadísticas oficiales del Estado peruano "desmontan cualquier intento de estigmatización".
VV en Perú aseguró que existen "múltiples testimonios" de maltrato verbal y tratos humillantes, así como la exposición mediática de ciudadanos venezolanos ante medios de comunicación, "sometiéndolos al escarnio público y a la estigmatización colectiva, sin imputación de delito alguno".
Exigió, por ese motivo, "el cese inmediato de los operativos policiales discriminatorios contra ciudadanos venezolanos en situación regular" en Perú y la "revisión urgente" de los protocolos de intervención policial para garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
Además, sanciones administrativas para los casos comprobados de maltrato verbal, abuso de autoridad y exposición pública indebida, así como un espacio de diálogo institucional entre el Estado peruano y las organizaciones de la diáspora venezolana "para construir soluciones reales, técnicas y respetuosas".
Las autoridades de Perú comunicaron este sábado que se había intervenido a más de 1.500 extranjeros, sin precisar su nacionalidad, en Lima y el Callao durante un gran operativo contra la migración irregular que también se realizó en otros ciudades, como Arequipa y Trujillo.
La intervención fue supervisada por el presidente peruano, José Jerí, y se hizo "en el marco de la estrategia del Gobierno para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado", aseguró.
Al respecto, el primer ministro, Ernesto Álvarez, recordó que Lima y la provincia vecina del Callao se encuentran en estado de emergencia, lo que "constituye un elemento legal, un marco jurídico que permite, por ejemplo, intervenir ciudadanos extranjeros, a los cuales se les exige su identificación".
Álvarez remarcó que el gobierno no va a permitir la presencia de migrantes en condición irregular porque, según dijo, Perú es "un país dedicado a todas las personas, nacionales o extranjeras, pero que se dedican a trabajar, a rendir productivamente en beneficio de sus familias y del país que los acoge".
Perú es el segundo país en el mundo con mayor migración venezolana, solo por detrás de Colombia, al haber recibido a más de 1,5 millones de ciudadanos de ese país en los últimos años.