Estos datos están en el 'Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024' en Bolivia elaborado por el organismo con financiación de la Unión Europea (UE) y que fue presentado en un evento con la participación de los ministros bolivianos de Exteriores, Fernando Aramayo, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
"Los resultados del monitoreo de cultivo de coca realizado por la Unodc en 2024 evidencian un incremento de 10 % en la superficie cultivada a nivel nacional respecto a 2023. En total se estima una extensión de 34.000 hectáreas de cultivo de coca en Bolivia", dijo la representante del organismo en Bolivia, la colombiana Mónica Mendoza.
En el informe de 2023, se reportó una superficie de 31.000 hectáreas.
Mendoza recordó que la superficie autorizada para los cultivos de hoja de coca en Bolivia es de 22.000 hectáreas, por lo que "el excedente entre la cifra autorizada y la reportada alcanza las 12.000 hectáreas".
Los principales aumentos se dieron en la zona central del Trópico de Cochabamba, donde la superficie se incrementó en 18 %, de 12.125 hectáreas en 2023 a 14.275 en 2024; y en la zona subtropical de los Yungas de La Paz, donde la superficie subió un 4 %, de 18.439 a 19.230 hectáreas en el mismo periodo.
En el norte del departamento de La Paz hubo una disminución de 2 %, de 486 a 478 hectáreas y también se reportó un decremento de 12 % en las áreas protegidas y parques nacionales, de las 583 hectáreas registradas en 2023 a 515 en 2024.
El informe también da cuenta de una disminución en 2,9 % en la superficie de cultivos ilícitos destruidos, de 10.302 hectáreas alcanzadas en 2023 a 10.001 el año pasado.
La Unodc recomendó al Gobierno de Rodrigo Paz continuar fortaleciendo las estrategias de control de cultivos de hoja de coca, sobre todo en las áreas protegidas, y considerar la realización de estudios para actualizar la información sobre la demanda de consumo interno con fines lícitos, entre otras recomendaciones.
La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
En 2017, en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se promulgó una ley que amplió la superficie legal en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas.
En 2013, Bolivia se volvió a adherir a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir dentro de su territorio el acullico o masticado de la hoja de coca, una costumbre que se extendió desde las zonas rurales a las ciudades en los últimos años.
El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) buscó que el arbusto salga de la lista de estupefacientes, para lo que pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una "revisión crítica" de sus propiedades medicinales.
A principios de mes, se conoció que la OMS decidió mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención contra las drogas, al concluir que su fácil conversión en cocaína y el gran aumento de la producción mundial de esa droga suponen un riesgo para la salud pública.