El ministro de Interior, Tun Tun Naung, indicó que los acusados, 201 hombres y 28 mujeres, participaron en "intentos de sabotear el proceso electoral", sin precisar más detalles, publica el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares.
Los acusados se enfrentan a condenas de hasta 10 años de prisión si son considerados culpables de vulnerar la "Ley de Protección Electoral frente a la Obstrucción, Interrupción y Destrucción", promulgada el pasado julio y que, según las organizaciones de derechos humanos, tiene como objetivo reprimir a la disidencia.
La junta, en el poder desde el golpe de Estado de 2021, "está utilizando su nueva ley fraudulenta como arma para silenciar a cualquiera que defienda la libertad y la democracia", declaró la semana pasada John Quinley, director de la oenegé Fortify Rights, al denunciar un aumento en la represión.
Según denuncia este grupo, el régimen castrense impulsó esta legislación con el objetivo de perseguir a las personas o grupos que llamen a boicotear las votaciones, catalogadas como una farsa por la oposición democrática y gran parte de la comunidad internacional al carecer de una oposición representativa.
Entre los acusados, que incluyen a activistas en el exilio, se encuentran personas que fueron detenidas por razones como pulsar "me gusta" en publicaciones en redes sociales que llaman a no votar o colocar carteles que piden el boicot a las urnas, dice Fortify Rights.
La primera fase de los comicios, que afecta a 102 municipios -incluidos Rangún y Naipyidó-, de los 330 que cuenta el país, está previsto que comience el 28 de diciembre, mientras que el 11 y el 25 de enero se celebrarán las dos etapas restantes.
Los militares argumentaron para tomar el poder un fraude masivo en las elecciones de noviembre de 2020, en las que el partido de la nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, se impuso con una amplia mayoría y con el visto bueno de observadores internacionales independientes.
Suu Kyi se encuentra en prisión desde la sublevación y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, fue ilegalizado.
El golpe militar terminó con una década de transición democrática y agudizó el conflicto en el que Birmania está inmerso desde hace décadas, con el surgimiento de guerrillas prodemocráticas que en ocasiones han unido fuerzas con grupos rebeldes de minorías étnicas.