La crisis de la vivienda se mantiene en el centro del debate social y político, y ocupa un lugar preeminente en las preocupaciones de la ciudadanía, según encuestas como la del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que lo sitúa como el segundo problema de los españoles.
La alta demanda, sumada a una oferta incapaz de satisfacerla, es el motor de una escalada de precios que parece no tener freno.
En el tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre registró un incremento interanual del 12,1 %, hasta alcanzar 2.153,4 euros por metro cuadrado, el mayor importe registrado en la serie histórica de la estadística del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995.
A falta de que cierre 2025, todas las estadísticas y expertos prevén que el precio de la vivienda siga subiendo en 2026, especialmente en las zonas más dinámicas, sobre todo las grandes ciudades, y en las regiones turísticas de la costa.
Una demanda que se acentuó por los flujos migratorios que recibe España, que necesitan un lugar para vivir, pero también por los cambios en la estructura de los hogares, cada vez con menos miembros.
La tasa de ahorro de las familias, la percepción de que los precios van a seguir subiendo, el abaratamiento de la financiación o la vivienda como valor refugio en tiempos de incertidumbre han mantenido el mercado de compraventas en niveles muy intensos.
En los diez primeros meses del año, las compraventas acumulan un avance del 12,3 % y 601.543 operaciones (en todo 2024 se vendieron 640.401). Solo en octubre, se alcanzó el mayor número de operaciones para este mes desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este miércoles, el INE publicó que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas sumó en octubre 16 meses al alza tras crecer un 0,6 % y alcanzar 52.198 operaciones, la cifra más alta en 15 años.
Algunos expertos prevén que este año se superen las 700.000 unidades vendidas, aunque en los últimos meses se está desacelerando la subida, posiblemente por los altos precios y la reducción de viviendas disponibles en el mercado.
Buena parte de las viviendas vendidas cambiaron de manos, mientras que otras salieron del mercado del alquiler, donde la oferta es claramente insuficiente, el alza de precios constante y el esfuerzo de los hogares para pagar la renta supera el 30 % de los ingresos recomendado.
Con unos niveles de construcción en torno a 100.000 unidades/año, el sector reclama una reforma legal para agilizar la construcción de la vivienda, alerta de la falta de mano de obra, de excesiva regulación, lentitud de la tramitación y demanda seguridad jurídica y estabilidad.
Pese a que un pacto de Estado por la Vivienda es una demanda reiterada, lograr un acuerdo entre todas las partes es una tarea compleja ante la falta de consenso para solucionar un problema que, desde el sector, avisan que no se resolverá a corto plazo.
La medida estrella del Ejecutivo este año fue la puesta en marcha de una nueva empresa pública, con la que busca ampliar el parque de vivienda asequible.
Mientras tanto, el socio de los socialistas en el Gobierno, el grupo Sumar, presenta medidas alternativas, entre ellas, intervenir ese mercado o la prórroga de los 300.000 contratos de alquiler que vencen el 31 de diciembre para que no suba su precio.