"Al desaparecer al secretario general del sindicato de la Cancillería (de Venezuela), quien ya había sufrido un despido arbitrario, el Estado no solo vulnera los convenios internacionales de la OIT ratificados por la República, sino que criminaliza el ejercicio de la dirigencia sindical", afirmó JEP en un mensaje publicado en X.
La ONG demandó la "libertad plena" del dirigente sindical, la presentación de una "fe de vida", así como información sobre "su integridad física".
Asimismo, recordó que Patines recibió -en abril de 2023- medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este sentido, la ONG dijo que con esta acción el Estado venezolano "desafía abiertamente al sistema interamericano" y confirma así que "las amenazas y hostigamientos previos" eran solo "un preludio" de lo que calificaron como "una agresión mayor y sistemática contra su libertad".
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado criticó la presunta detención del gremialista, a quien consideró "un compañero de lucha".
"A punta de secuestros y represión, el régimen busca silenciar las voces de todos quienes en la sociedad civil luchan por la Libertad de Venezuela", denunció.
El martes, la Coalición de Sindicatos denunció en X la "desaparición forzosa" de Patines, quien es secretario general del Sindicato de la Cancillería de Venezuela, y exigió su libertad.
Según la coalición, el hecho ocurrió la noche del martes, cuando el líder sindical se encontraba en su residencia en Guarenas (en las afueras de Caracas).
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este miércoles que un menor de edad fue condenado en Venezuela a 10 años de prisión por los delitos de "terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas".
Al 8 de diciembre, la ONG venezolana Foro Penal contabilizaba 893 presos políticos en el país, entre ellos 774 hombres y 119 mujeres.
Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía asegura que en el país no hay detenidos por estos motivos, sino que, afirman, cometieron varios delitos, algo que rechazan varias ONG y partidos opositores.