La iniciativa, impulsada por la Fundación Rewilding Chile, contempla más de 150.000 hectáreas de terreno destinadas a su conservación, 127.000 de ellas donadas por el Estado en 2021, en el marco de un proceso que obliga a crear el parque antes de 2027.
El objetivo es integrarlo en un corredor de ocho millones de hectáreas protegidas junto al estrecho de Magallanes, pieza clave de la Ruta de los Parques de la Patagonia y refugio de especies en peligro como el huemul o el canquén colorado.
Este vasto e inhóspito territorio que maravilló a Charles Darwin hace dos siglos, cuenta además con el ciprés de las Guaitecas -la conífera más austral del planeta- y una fauna y flora marina únicas que incluye ballenas jorobadas, pingüinos de Magallanes y extensos y pristinos bosques de algas.
Desde 2024, la mesa intersectorial creada por el actual Gobierno avanzaba conforme a la hoja de ruta prevista, pero una inconcreta consulta indígena y el futuro cambio de Gobierno que se producirá en marzo, siembran ahora de cierta prisa e incertidumbre el proceso.
“El Estado es el encargado de ejecutar todos los procesos y planes de manejo y, aunque el parque esté decretado, no se puede ejecutar ninguna acción de infraestructura sin que exista este plan, que debe incluir una consulta indígena y una consulta pública”, explicá a EFE la coordinadora de proyectos de la Fundación Rewilding Chile para Magallanes, Gabriela Garrido.
El territorio en el que se ubicará el futuro Parque Nacional de Cabo Froward forma parte del espacio ancestral de la comunidad indígena Kawésqar, un pueblo nómada de mar cuya memoria recorre los canales del fin del mundo desde hace cientos de años.
Para ciertos sectores Kawésqar, la creación del parque genera dudas sobre la gestión, el acceso y la protección del patrimonio biocultural de la zona y, aunque no existe una posición unánime, la primera consulta indígena reveló́ los desencuentros entre comunidad y Estado.
Esa primera consulta "no resultó por diversos motivos", principalmente "porque el ministerio de Medioambiente no entiende el marco legal" y dio por sentada la creación del parque nacional, preguntando únicamente a las comunidades indígenas por aspectos culturales, precisa a Efe el presidente de la Fundación Pueblo Kawésqar, Francisco González.
"Para la consulta se convocó a comunidades de otros pueblos, lo que generó cierto resquemor sobre la comunidad Kawésqar por la mala interpretación de la ley por parte del ministerio", agregó.
El proceso adquiere más urgencia cuando en marzo de 2026 finalizará el Gobierno de Gabriel Boric, oriundo de Magallanes, que incluyó en el acuerdo más de 28.000 hectáreas fiscales necesarias para completar el futuro parque.
Si el decreto de creación no se emite antes del cambio de mandato, todo el proceso deberá reiniciarse con la nueva Administración, que no estaría obligada a mantener los compromisos previos ni a continuar con la hoja de ruta acordada en 2024.
“Rewilding ha trabajado siempre con todos los Gobiernos, independientemente del color político, y se ha logrado trabajar de manera efectiva, aunque podría darse la situación de que el nuevo presidente o presidenta decida ralentizar el proceso o no tomarlo como prioridad”, concretó la coordinadora de Rewilding.
A la incertidumbre administrativa contribuye la consulta indígena, paralizada desde julio y necesita de tres o cuatro meses para realizarse, salvo excepciones.
Además, si el Estado no concreta el decreto antes de 2027, la donación quedaría anulada y las más de 127.000 hectáreas de uno de los territorios más indómitos del hemisferio sur retornarían a la fundación.
“No queremos que se de a entender que la comunidad Kawésqar no quiere parque -especificó González-, pero el único modo de llegar a un acuerdo es una consulta indígena en la que las medidas administrativas que nos afecten se aprueben por ley y reglamento previo, libre e informado”, sentenció.