La medida, impulsada por el presidente sursudanés, Salva Kiir, busca salvar de esta manera el bloqueo político para la aprobación de una constitución permanente que, previsiblemente, será redactada después de que el país más joven del mundo celebre las que serían sus primeras elecciones democráticas desde su independencia de Sudán en 2011.
El ministro sursudanés de Asuntos de Gobierno, Martin Elia Lomuro, declaró a EFE que "el país no puede permanecer atrapado en una transición interminable debido a procesos sin resolver" y subrayó que la presidencia sigue comprometida con unas elecciones pacíficas y creíbles.
"Nuestra prioridad es celebrar elecciones dentro de la hoja de ruta acordada", dijo.
El Gobierno modificó así partes del Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018, que puso fin a la guerra civil iniciada en 2013 entre diversos grupos tras la independencia del país.
Ese acuerdo marca la hoja de ruta hacia una transición democrática, que pasa por la aprobación de una constitución permanente, la elaboración de un censo oficial y la celebración de elecciones.
De hecho, entre las modificaciones aprobadas por el Gobierno también se incluye la de realizar el censo nacional de población y vivienda después -y no antes- de las elecciones, que serán organizadas por la Comisión Electoral Nacional.
Además del oficialista Movimiento Popular de Liberación de Sudán, firmaron el acuerdo representantes de una de las facciones de la oposición y de un bloque que integra otros partidos políticos minoritarios.
Sin embargo, la principal facción del bloque opositor, liderada por el exvicepresidente primero - bajo arresto domiciliario-, Riek Machar, se opuso a estas modificaciones por considerarlas contrarias al espíritu del acuerdo de paz y denuncian que se han adoptado sin consenso pleno.
Algunos grupos de la sociedad civil también señalaron el peligro de que estos cambios erosionen la confianza en el marco de paz establecido en 2018.
Este año 2025 cierra en el país con un marcado aumento de la violencia y las tensiones políticas, tras los ataques de la milicia Ejército Blanco, antigua aliada de la oposición, a fuerzas gubernamentales en el estado nororiental de Alto Nilo y la detención en marzo de Machar, acusado de estar relacionado con las actividades rebeldes.