"La determinación es el paro (huelga) de 24 horas a partir de las 00:00 del viernes (04:00 GMT) pidiendo la abrogación del decreto maldito 5503", afirmó Santos Escalante, el principal dirigente de uno de los sindicatos más importantes en La Paz.
Por su parte, las asociaciones de transportistas de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y la segunda más poblada de Bolivia, emitieron un comunicado que insta a que sus afiliados acaten la huelga y no presten el servicio urbano, interprovincial e interdepartamental.
Esta jornada, luego de la emisión del decreto en la víspera, los surtidores de gasolina y diésel presentaron filas extensas con propietarios de vehículos que buscaban obtener el combustible al precio subsidiado.
Asimismo, el transporte sindicalizado, que está regulado por las alcaldías, decidió unilateralmente incrementar el precio de los pasajes de 3 a 5 bolivianos (0,43 a 0,72 dólares) en los tramos más extensos, algo que fue considerado desproporcionado por los usuarios.
El dirigente nacional de los transportistas, Lucio Gómez, dijo a los medios que su sector está muy "molesto" por la determinación del Gobierno y que el sábado sostendrán una reunión nacional en Cochabamba (centro), para que desde la próxima semana se inicien "movilizaciones generales con bloqueos".
Esta jornada, en la ciudad de Potosí (suroeste), cientos de choferes marcharon y se declararon en "emergencia" ante el incremento del precio de los combustibles a raíz de la eliminación de la subvención.
En otras ciudades como Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, hay posiciones divididas, ya que unos sectores optaron por incrementar el precio de los pasajes, mientras que otros aguardan una decisión de sus dirigentes para tomar una posición.
En varias ciudades, la población acudió a los principales mercados para obtener alimentos imperecederos ante la eventualidad de que encarezcan, por lo que hubo filas y desesperación para trasladar los víveres hasta los hogares.
El decreto que Paz dictó el miércoles estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
La eliminación de la subvención a los hidrocarburos está acompañada por el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), además del aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores que no tienen aportes a la seguridad social.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su apoyo a las medidas de ordenamiento estructural adoptadas por el Gobierno, pero manifestó su "preocupación" por la decisión "unilateral" de elevar el salario mínimo debido a sus efectos en la estabilidad de las empresas.
Mientras que Mario Argollo, el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor ente sindical del país, dijo que los trabajadores harán frente a lo que consideran un "decreto del hambre" y se reunirán el viernes para asumir medidas de presión.
El Ejecutivo de Paz, que lleva 40 días en el poder, consideró que la eliminación de la subvención a los energéticos es necesaria, ya que de mantenerse demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), recursos que se prevén destinar ahora al sector productivo.
Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, que está distanciado de Paz, y los jefes de bancada de la mayoría de los partidos con representación en el Legislativo rechazaron el retiro de la subvención y consideraron que "no era el momento" para tomar esa medida.