El beneficio fue concedido por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que actuó como instructor en el proceso en el que el líder de la ultraderecha fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones presidenciales de 2022.
Tras recibir un informe médico que confirmó que Ribeiro padece de Alzheimer, Moraes acató la petición de prisión domiciliaria solicitada por los abogados del general, un importante aliado y colaborador de Bolsonaro que durante el Gobierno del capitán de la reserva (2019-2022) se desempeñó como ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI).
Los abogados del expresidente también han solicitado la prisión domiciliaria para su cliente, pero Moraes ha negado la petición en diferentes oportunidades, especialmente después de que Bolsonaro violentara la tobillera electrónica con la que era controlado cuando estaba preso en su residencia.
Moraes condicionó el beneficio de prisión domiciliaria a Ribeiro a que el oficial entregue su pasaporte y los permisos de porte de armas que posee, a que acepte portar una tobillera electrónica para fiscalizar sus movimientos y a que se comprometa a recibir en su residencia únicamente a sus abogados y médicos.
Además, la decisión judicial prohíbe al general cualquier tipo de comunicación por teléfono, móvil o redes sociales y establece que cualquier desplazamiento por razones de salud deberá contar con autorización previa del Supremo, salvo en situaciones de urgencia o emergencia, que deberán ser justificadas ante la Corte en un plazo máximo de 48 horas.
En el fallo, Moraes advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas implicará el retorno inmediato del condenado al régimen cerrado.
El magistrado sostuvo que la adopción de la prisión domiciliaria humanitaria es "razonable, adecuada y proporcional", teniendo en cuenta la edad avanzada del militar y su delicado estado de salud, y subrayó que no existe riesgo de fuga por el comportamiento del condenado.
Ribierio, de 78 años, había comenzado a cumplir su condena en una instalación militar en Brasilia tras ser considerado culpable de integrar el núcleo que apoyó la trama golpista destinada a revertir el resultado de las elecciones de 2022.
De acuerdo con la sentencia, el general utilizó su posición estratégica en el Gobierno para avalar acciones que buscaban deslegitimar el proceso electoral y presionar a las Fuerzas Armadas.
La concesión de la prisión domiciliaria contó con parecer favorable de la Fiscalía General, que consideró que mantener al condenado en su domicilio es una medida excepcional, pero compatible con los principios de protección del adulto mayor y de dignidad de la persona humana, sin que ello implique impunidad ni revisión de la condena.