"Entre los principales acuerdos alcanzados se definió la construcción de una agenda corta con temas urgentes, que incluye el abastecimiento de combustible, el suministro de material explosivo, el incremento de la capacidad productiva de la Empresa Nacional de Explosivos, la atención a la demanda del sector y la apertura del comercio de explosivos a nuevos actores", dice un comunicado oficial de la Vocería de Gobierno.
El encuentro "reafirma la decisión del Gobierno de dialogar de frente con los sectores productivos y construir soluciones concretas en beneficio del desarrollo del país", señala el documento.
El resultado de la reunión supone que los cientos de mineros que protestaron esta jornada en la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo, regresen a sus regiones y comunidades.
Asimismo, el sector de los comerciantes también alcanzó un preacuerdo con el Gobierno para trabajar en mesas técnicas y establecer parámetros para que no salgan afectados con la nueva disposición vigente.
El dirigente de los comerciantes, Toño Siñani, informó a medios locales que el presidente Rodrigo Paz se comprometió a trabajar para que se establezcan soluciones ante el alza de los combustibles que "afecta directamente al sector" debido a que la población "ya no compra los productos que ofrecemos".
Los comerciantes, conocidos en Bolivia como 'gremiales', marcharon esta jornada como sector afiliado a la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia.
Sin embargo, los dirigentes máximos de la COB aceptaron recién en las últimas horas acudir a un diálogo con el Gobierno.
En la víspera, el Gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, que tenía previsto iniciar una huelga indefinida esta jornada, pero la protesta se suspendió tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.
El decreto 5503, emitido el miércoles por Paz, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada de otras medidas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), e incrementos en los bonos para escolares del sistema público y adultos mayores.
El Ejecutivo de Paz calculó que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB), por lo que explicó que no es posible retirar parcialmente el subsidio, ni reponerlo.
Es el primer conflicto que afronta Paz desde que tomó juramento el pasado 8 de noviembre.