En su posicionamiento, la ONG sostuvo que el operativo “genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos” y advirtió que “muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU”, además de cuestionar la “intención declarada” de Washington de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.
Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de una escalada de violaciones de derechos humanos, ya sea por nuevas operaciones estadounidenses o por las respuestas del Gobierno venezolano a los ataques.
En ese contexto, instó al Gobierno estadounidense a cumplir el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, “priorizar la protección de la población civil” y garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad, incluido el debido proceso y un trato humano.
La organización también llamó a las autoridades venezolanas a abstenerse de intensificar la represión contra la población y recordó que tienen la obligación, conforme al derecho internacional, de “respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Venezuela”.
El comunicado subrayó que las personas en mayor riesgo inmediato incluyen a defensoras de derechos humanos y activistas políticos que, señaló, “han enfrentado durante años violaciones y crímenes de derecho internacional por el gobierno de Maduro”.
Amnistía afirmó que se solidariza con el pueblo venezolano, con las víctimas y sobrevivientes, y con los millones que han huido tras años de abusos y crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, reiteró su llamado para que el Gobierno de Maduro sea investigado y, cuando existan pruebas suficientes, las personas responsables sean procesadas ante un tribunal independiente e imparcial, con el objetivo de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición.
Amnistía Internacional advirtió además que el ataque contra Venezuela y la captura de Maduro y Flores por parte de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU “profundizan aún más el colapso del derecho internacional y del orden global basado en normas”.
En su evaluación, este tipo de acciones envía señales de “un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y “aumentan el riesgo de acciones de imitación por parte de otros actores”.
Al llamado de ONG se han sumado los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay, que en conjunto rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y expresaron su “profunda preocupación” por la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa.