Al abrir las audiencias sobre el fondo del caso contra Birmania, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, sostuvo que ese patrón se manifiesta en operaciones militares de 2016 y 2017, en políticas posteriores y en informes “creíbles” de la ONU y otras organizaciones, que describen violaciones “brutales y atroces”, incluidos asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas de este grupo perseguido en el norte del Estado de Rakáin.
Gambia presentó en 2019 la demanda ante la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas, contra las autoridades birmanas como país firmante de la Convención contra el Genocidio, con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica, de 11 países que han intervenido formalmente en el procedimiento, y de decenas de organizaciones de derechos humanos.
El representante gambiano insistió hoy en que la Convención, de 1948, “pierde sentido si no se aplica y se hace cumplir”, y defendió que los países firmantes tienen el deber de evitar la impunidad, puesto que la falta de rendición de cuentas ha permitido tanto “un ciclo de atrocidades” como que los mandos militares implicados sigan ejerciendo el poder.
Jallow describió un contexto de “persecución atroz” prolongada, precedida por décadas de “propaganda deshumanizante”, que culminó en las llamadas operaciones de “limpieza” y continuó con “políticas destinadas a borrar la presencia” rohinyá en Myanmar.
Gambia anunció que los testigos, que declararán en las próximas semanas ante la CIJ a puerta cerrada por razones de seguridad, relatarán ataques en aldeas concretas y la pérdida de familiares durante esas operaciones.
El ministro subrayó que el caso se apoya en un patrón repetido y en actos y omisiones de las autoridades birmanas, visible tanto en las operaciones sobre el terreno como en la ausencia de investigaciones y sanciones de los crímenes, lo que, en su opinión, revela “la intencionalidad”, factor exigido por la Convención para calificar legalmente los actos como genocidio.
También subrayó la presencia en la sala de miembros de la comunidad rohinyá, incluidos refugiados procedentes de Bangladés.
Las audiencias sobre el fondo del caso se prolongarán hasta finales de enero e incluirán el examen de testigos y de un perito, y tras esta fase, la CIJ deberá determinar si Birmania incurrió en actos que puedan describirse como genocidio contra la población rohinyá y qué consecuencias jurídicas se derivan de ello. La sentencia tardará varios meses en llegar.
La minoría musulmana rohinyá, asentada principalmente en el Estado de Rakáin, en el oeste de Birmania, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia por parte de las autoridades birmanas, que no la reconocen como grupo étnico nacional ni le conceden la nacionalidad.
Esta persecución alcanzó un punto crítico en las operaciones militares de 2016 y 2017, que provocaron asesinatos, violaciones, quema de aldeas y el desplazamiento de más de 700.000 personas hacia Bangladés, hechos que la ONU ha calificado como posibles crímenes de genocidio y de lesa humanidad.