Condenada en marzo de 2025 a cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, por la financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo, la política de 57 años se aferra a su última carta, la de una improbable absolución o el levantamiento de la inhabilitación provisional que validara una cuarta carrera por el Elíseo.
La contundencia de la sentencia de primera instancia, que consideró probado que la formación ultra pagó con fondos de la Eurocámara a personal del partido entre 2004 y 2016, periodo en el que desviaron más de 4,4 millones de euros, no parece haber mermado la potencia electoral de los ultras.
Le Pen no ha visto su popularidad erosionada pero, sobre todo, la opción de repuesto, su delfín Jordan Bardella, de 30 años, ha visto reforzada su condición presidencial hasta el punto de superar en expectativas electorales a su mentora.
La carismática líder, que heredó el partido de su padre, ha dejado claro que en caso de nueva condena no esperará a un nuevo recurso ante el Supremo y cederá el testigo al joven político que triunfa en librerías y en encuestas, pero que concurrirá a la presidencia si la justicia se lo permite.
Por ello, si cuando se anunció la sentencia en primera instancia pareció un terremoto político, la potencia electoral que ha demostrado desde entonces Bardella ha mermado algo su incidencia en la vida política del país.
Eso no impedirá que el juicio, que se prolongará hasta el 12 de febrero, tenga una enorme repercusión y que su sentencia, que no se conocerá antes de verano, marque de forma clara los prolegómenos de la campaña que elegirá en la primavera de 2027 al sustituto de Emmanuel Macron.
Hasta el punto de que un semanario alemán publicara hace unos días que la administración estadounidense de Donald Trump había amenazado con sanciones a los magistrados si condenaban a Le Pen, lo que motivó una airada reacción del estamento judicial francés.
La líder de la extrema derecha cuenta con reiterar su inocencia en el proceso que se desarrollará en medio de una campaña para las municipales en las que combinará su presencia en el tribunal con actos electorales de apoyo a los candidatos de su partido, que aspira a mantenerse como el más votado del país.
En una entrevista a la televisión Cnews el mes pasado, Le Pen aseguró que "no hay ningún motivo para cambiar la línea de defensa" pese a la contundente condena y seguirá presentándose como una víctima del sistema judicial que, asegura, le trata con más dureza que a cualquier otro ciudadano.
Sobre todo por haber impuesto la aplicación provisional e inmediata de la inhabilitación que, a su juicio, priva a los franceses de una opción electoral que los sondeos daban como favorita, lo que considera una intromisión de la justicia en la vida electoral del país.
La sentencia de marzo pasado, aplaudida y criticada en círculos jurídicos, establecía que existía un claro riesgo de reincidencia en el momento en el que Le Pen no admitía haber delinquido y calificaba de "diferencia de matiz" el uso de esos fondos destinados a la remuneración de asistentes parlamentarios para pagar, entre otros, a su propio guardaespaldas.
Con un equipo de abogados reforzado, tratará de demostrar que no existía ni la intención delictiva que le aplicaron en primera instancia ni el sistema organizado para financiar a su partido que la acusación puso de manifiesto, creado por Jean-Marie Le Pen cuando desembarcó en la Eurocámara y reforzado por su hija cuando lo heredó en 2011.
De los nueve eurodiputados y cuatro asistentes parlamentarios condenados, no todos han apelado la sentencia, incluida la propia hermana de Le Pen que reconoció la extrañeza del contrato que firmó en el Parlamento Europeo.