“Estos proyectos se enfocan en combatir prácticas anti-laborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores, vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica”, celebró en una publicación de X la Embajada de EE.UU. en México.
El financiamiento fue formalizado por un comunicado del Departamento de Trabajo de EE.UU., en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante la entrega de 15,4 millones de dólares a Partners of the Americas.
Así como de 8 millones a Creative Associates International, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la ley laboral en México y asegurar que el comercio bilateral beneficie a “los trabajadores y las empresas estadounidenses”.
Según el comunicado, los proyectos —administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por su siglas en inglés)— respaldarán esfuerzos con el Gobierno mexicano, el sector privado y trabajadores para impulsar el cumplimiento de las disposiciones laborales del acuerdo comercial negociado bajo la primera Administración de Donald Trump.
Los proyectos se enfocarán en prácticas “que distorsionan la competencia y dan ventajas injustas a malos actores” a costa del empleo y salarios en EE.UU.
El Departamento de Trabajo subrayó que las acciones se concentrarán en sectores prioritarios del T-MEC en México que compiten directamente con empresas estadounidenses, donde una aplicación débil de la ley puede “socavar” empleo y salarios en Estados Unidos.
El propósito, añadió, es fortalecer la fiscalización y empoderar a los trabajadores para reportar violaciones, incluso a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del propio tratado.
El comunicado también perfila a los implementadores: Partners of the Americas, organización no partidista con sede en Washington fundada en 1964 bajo la Alianza para el Progreso, dedicada a construir alianzas transfronterizas, y Creative Associates International, fundada en 1977, enfocada en capacitación y fortalecimiento de capacidades.
México reformó, desde 2019, su sistema de justicia laboral para cumplir compromisos del T-MEC y habilitar el nuevo modelo de conciliación y tribunales laborales.