Según informó este miércoles el diario Kathimerini, los acusados se enfrentan a los cargos de tráfico de personas, formación de una organización criminal y blanqueo de capitales, delitos que podrían acarrearles penas de hasta 20 años de cárcel.
La ONG Human Rights Watch (HRW) condenó este miércoles el juicio y calificó el caso como una "tergiversación perversa del trabajo humanitario que salva vidas", instando a las autoridades griegas a retirar los "cargos infundados" contra ellos.
"Por perverso que sea procesar a dos docenas de personas por intentar salvar vidas, este caso es un claro ejemplo de la tendencia en toda Europa a criminalizar la solidaridad con las personas en movimiento", dijo Bill Van Esveld, director adjunto de derechos del niño en HRW, en un comunicado.
Van Esveld señaló además que "una absolución es el único final justo para un proceso que nunca debió haber comenzado".
El juicio involucra a dos docenas de voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), que entre 2015 y 2018 brindaron apoyo a operaciones de búsqueda y rescate de refugiados en Lesbos, donde llegaron solo en 2015 más de medio millón de personas, en plena crisis migratoria.
Entre los acusados se encuentra la exnadadora y activista siria Sarah Mardini, cuya travesía desde Siria hasta Lesbos inspiró la película de Netflix 'Las nadadoras'.
También están acusados el expresidente de ERCI, el rescatista griego Nasos Karakitsos, y el buzo de rescate irlandés Seán Binder.
Karakitsos, Binder, Mardini y otros tres miembros de ERCI fueron arrestados en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva antes de ser liberados en espera de juicio.
En enero de 2023, un tribunal de Lesbos retiró los cargos por falsificación de documentos y espionaje contra los acusados, considerándolos infundados, al igual que otros delitos menores que se les imputaban.
No obstante, la fiscalía decidió proseguir con la acusación respecto a los delitos mayores, cuyo juicio inició el pasado 4 de diciembre.
En un informe del Parlamento Europeo publicado en 2021, el caso fue calificado como "el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa".