La semana pasada, el fiscal de la Nación (fiscal general) interino de Perú, Tomás Gálvez, disolvió los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país y también el que investigaba de las muertes en las protestas contra la encarcelación del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) y el ascenso al poder de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025).
Este jueves, a través de una resolución oficial publicada en el diario oficial El Peruano, Gálvez garantizó la continuidad de los 54 casos en curso.
"Como parte de esta decisión institucional, los mismos fiscales que integraban el entonces Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) continúan a cargo de las carpetas en la nueva fiscalía corporativa especializada", indicó el Ministerio Público.
De este modo, la Fiscalía aseguró que ninguna carpeta fiscal será enviada a las sedes fiscales en las regiones, "asegurándose la permanencia del conocimiento técnico y especializado en cada una de las investigaciones".
También precisó que la nueva fiscalía está conformada por ocho despachos fiscales en total, los cuales asumirán de manera coordinada las investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas sociales en los años 2022 y 2023 hasta su conclusión.
El Ministerio Público agregó que esta medida fue impulsada como respuesta institucional para preservar un abordaje técnico, especializado y homogéneo de investigaciones de alta complejidad, caracterizadas por la pluralidad de víctimas, investigados y escenarios territoriales.
Tras el anuncio del cese de dicho equipo especial, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación al recordar que la represión estatal de las protestas constituye "una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente de Perú", donde "entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 fueron asesinadas cincuenta personas, entre ellas menores de edad".
Por ello, denunció que la desarticulación del equipo especial que investigaba la actuación de la Policía y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes "podría afectar a la especialización, continuidad y avances en las investigaciones, impactando el acceso a la justicia de las víctimas, e incrementando la impunidad".
Las manifestaciones sucedieron en la zona sur de los Andes peruanos, donde Castillo contaba con mayor apoyo popular, luego de su detención y encarcelamiento tras el fallido golpe de Estado que trató de perpetrar en diciembre de 2022 para evitar una eventual destitución por parte del Congreso.