La huelga nacional, convocada hasta el próximo miércoles, se desarrolló durante sus primeras horas sin que se reporten incidentes y con poca información sobre su impacto, que según los sindicatos de la empresa comprende a unos 2.600 trabajadores.
Al respecto, el secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (Stapp), Pablo Tello, declaró al diario La República que la protesta busca alertar sobre las consecuencias del ingreso de capitales privados a la empresa, no solo para los puestos de trabajo, sino también en los precios de los combustibles.
"Acá no solo están en juego los puestos laborales, está en juego Petroperú y también la economía de Perú a corto, mediano y largo plazo", alertó.
Según el medio, la protesta de los trabajadores petroleros también es apoyada por el alcalde de la provincia norteña de Talara, Sigifredo Juan Zárate, y otras autoridades de distritos cercanos a la refinería del mismo nombre, que fue modernizada en los últimos años con una inversión de más de 6.000 millones de dólares.
Los sindicatos informaron que este martes participarán en una movilización que tendrá su punto de inicio en la Plaza Dos de Mayo, en el centro histórico de Lima, y que también contará con el apoyo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Por su parte, el directorio de Petroperú (liderado por Fidel Moreno Rodríguez como Presidente, e incluye a otros directores) sostuvo que, ante el inicio de la paralización, la empresa "mantiene la continuidad operativa de todas sus instalaciones y garantiza el normal abastecimiento de combustibles a nivel nacional". También aseguró que continuará "la atención regular al público en plantas, terminales y oficinas administrativas".
La empresa confirmó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les informó "sobre la improcedencia de la convocatoria a la huelga" y ratificó que continúa "implementando las medidas del proceso de reestructuración".
Los sindicatos rechazan lo que consideran una "privatización encubierta" de la empresa por parte del Gobierno y exigen la renuncia de la ministra de Economía, Denisse Miralles, a la que responsabilizan por la crisis interna que afronta la petrolera.
Miralles señaló en repetidas ocasiones que "Petroperú no se privatiza" y que el Gobierno busca "enfrentar una situación que no podía continuar", pero "manteniendo el control del Estado sobre sus activos".
La reestructuración de Petroperú ha sido encargada a Proinversión, la agencia del Gobierno especializada en atraer inversiones al país, que buscará dividir el patrimonio de la empresa en distintos bloques que concesionará a operadores privados para su gestión, con el objetivo de tener rentabilidades que permitan pagar la deuda.
Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares.