La denuncia, que data de fines de diciembre, se efectuó de manera conjunta con la Defensoría Pública del Estado de São Paulo y se enfocó en dos operativos policiales realizados en 2023 y 2024 en la Baixada Santista, lanzados como respuesta al asesinato de agentes en esta región ubicada en el litoral del estado de São Paulo.
Según los datos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del organismo, la Operación Verano, iniciada a finales de 2023 y extendida hasta principios de 2024, resultó en al menos 56 muertes.
Esta cifra se sumó a las 28 víctimas fatales registradas durante la Operación Escudo, llevada a cabo a mediados de 2023.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones Escudo y Verano fueron implementadas "sin objetivos claros, sin una delimitación territorial precisa, sin evaluación de riesgos y bajo una fuerte carga emocional por parte de los agentes", lo que "favoreció la escalada inmediata de la letalidad y la violación masiva de los derechos humanos".
Además de las ejecuciones, la denuncia detalla testimonios de ingresos ilegales a domicilios, amenazas a residentes, destrucción de cámaras de seguridad y la alteración de escenas del crimen para dificultar el peritaje.
Otro punto crítico de la denuncia es el desmantelamiento de las políticas de control externo, como el uso de cámaras corporales en los uniformes de los agentes.
Según las organizaciones, el gobierno estatal ha debilitado este programa, que anteriormente había demostrado ser eficaz para reducir la violencia policial.
De acuerdo a la denuncia, las operaciones Escudo y Verano revelan "la forma sistemática en que opera la violencia policial en Brasil y cómo se estructuran las acciones policiales en el país".
En tanto, ambas partes solicitaron al organismo que inste al Estado brasileño a reabrir las causas judiciales y realizar investigaciones sobre todas las muertes ocurridas; garantizar herramientas de reparación y la protección de los testigos y familiares de las víctimas; así como reactivar y fortalecer los mecanismos de control externo e interno de las fuerzas de seguridad, entre otros puntos.
Entre 2015 y agosto de 2025, se registraron 55.588 muertes como consecuencia de intervenciones policiales, de acuerdo a datos del Foro de Seguridad Pública, citados en el documento presentado a la OEA.
En términos prácticos, se trata de una media de aproximadamente 14 muertes al día causadas por acciones policiales.