Con 165 votos a favor, 390 en contra y diez abstenciones, los Patriotas por Europa fracasaron en su intento de hacer caer a la Comisión Europea encabezada por Von der Leyen por haber firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que consideran contrario a los intereses de los agricultores europeos.
La moción de censura la habían firmado todos los eurodiputados de Patriotas y algunos de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y de la Europa de las Naciones Soberanas (ESN), por encima del requisito de 72 rúbricas (un 10 % de los 719 eurodiputados) que requiere la Eurocámara para registrar una moción de censura.
Mucho más complejo es conseguir los dos tercios (480) necesarios para que salga adelante, algo que no ha logrado ninguna de las cuatro mociones de censura planteadas contra Von der Leyen desde julio de 2025.
En esta ocasión, en el centro de la moción estaba el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur recién firmado tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, al que se oponen tanto los firmantes de la moción como los Verdes y la Izquierda.
"La UE y la Comisión se encuentran hoy más débiles que nunca por la persistente falta de atención de la presidenta hacia nuestros agricultores y ciudadanos y a su incapacidad para responder a los retos más urgentes de la UE, entre ellos el declive de la agricultura y las zonas rurales", señala la moción.
El jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, criticó que Bruselas haya optado por imponer el acuerdo con el Mercosur "a toda costa, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda globalista ajena a la realidad del mundo rural" y dijo que los que han votado en contra de la moción "tendrán que explicar" por qué mantienen a Von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario.
Pese a que esta moción no salió adelante, los detractores del acuerdo con el Mercosur sí lograron este miércoles paralizar su ratificación en el Parlamento Europeo con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que retrasa el trámite del consentimiento en la Eurocámara hasta que los jueces se pronuncien en un plazo habitualmente de entre 18 y 24 meses.