Así lo auguró a EFE Alexander Chamorro, director de la Cámara de Comercio de Tulcán, quien también señaló que ellos no deben "pagar las consecuencias" de la inseguridad, señalada por Noboa como motivo para iniciar esta situación al acusar al Gobierno colombiano por no hacer lo suficiente para evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador para, de ahí, dar el salto a Norteamérica y Europa.
"El sector comercial no ha generado este problema. Si bien la inseguridad ha afectado muchísimo a Tulcán y a la frontera en general, nosotros no somos los generadores de esa violencia", señaló Chamorro.
El director del gremio de comerciantes incidió en hacer, "un llamado al Gobierno nacional para que solidarice y que estas medidas se adapten a la realidad cultural y comercial de la frontera", y señaló, también, que los sectores farmacéutico y de cosméticos estarán entre los más afectados.
Tras el anuncio de Noboa de que impondrá araceles del 30 % a las importaciones colombianas, Colombia anunció la misma medida para una veintena de productos ecuatorianos y el cese de la venta de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las crisis energéticas que ha tenido el sistema eléctrico ecuatoriano en los últimos años. A su vez, el Gobierno de Noboa anunció que impondría también un arancel del 30 % al transporte de petróleo colombiano.
El posible incremento del comercio ilegal también fue valorado por los cambiadores de moneda en la frontera, que realizan intercambios de dólares y pesos colombianos de manera informal.
"Se especula que a nosotros, como cambiadores de moneda, se nos va a mejorar el trabajo. Habría un poco más de contrabando y eso haría que se mueva el intercambio de dólares y pesos, con mayor circulante", explicó a EFE un cambiador quiso mantenerse en el anonimato. "En un día bueno se pueden hacer unos 30 o 40 dólares", continuó.
Guillermo Pozo, del sector transportes, compartió con EFE su preocupación con las medidas y destacó que ya "han bajado considerablemente los volúmenes de carga" y que existe una notoria "fuga de capitales" que afecta directamente a su trabajo.
Criticó que las leyes que tiene Ecuador solo "favorecen" a los delincuentes y que en la provincia ecuatoriana Carchi, cuya capital es Tulcán, que era de las más seguras del país, ahora se ven "muertes y balaceras (tiroteos)".
Por ello, Pozo recordó que la Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, "se creó para desarrollarnos, pero después de 57 años no vemos cambios reales"; y propuso que los temas arancelarios deberían estar a cargo de la Cancillería.
En mitad de las tensiones, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reveló este viernes que el Ejecutivo ecuatoriano declinó reunirse este domingo como planteaba inicialmente el Gobierno colombiano, pero propuso que el encuentro se celebre la próxima semana.