El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, explicó en una rueda de prensa en Lima que, a criterio del Ejecutivo, la sanciones anunciadas por EE.UU. y Rusia contra Ibáñez hacen que su candidatura no tuviese posibilidades de seguir adelante.
De Zela expuso que en marzo de 2025, todavía con Dina Boluarte como presidenta de Perú, la Cancillería anunció su decisión de promover la postulación de Ibáñez a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero después se supo que Ibáñez había sido sancionada por propia la Corte Penal Internacional.
El canciller peruano aseveró que esa sanción fue objeto previo de una investigación donde más de 50 personas fueron interrogadas.
"La investigación concluyó encontrándola culpable de abuso laboral, de maltrato a personas. Y se le hizo una amonestación y además se le puso una multa de dos meses de salario. Eso fue comunicado a todos los Estados miembros de la Corte Penal Internacional", indicó De Zela.
Además, añadió que Ibáñez ha recibido una sanción por parte de Estados Unidos y también por parte de Rusia, lo que significa, según señaló, que ninguno de estos países "como es obvio" van a apoyarla para una postulación a la CIJ.
En este sentido, sostuvo que cuando se hizo una evaluación de la postulación en la Cancillería, teniendo en cuenta estas sanciones, se llegó a la conclusión de que "es una candidatura que prácticamente no tiene posibilidades de seguir adelante".
Esta semana, Ibáñez criticó duramente la decisión del Gobierno de retirar el respaldo a su postulación, una medida que asegura no le fue comunicada formalmente ni siguió procedimiento alguno.
En varios medios locales, afirmó que la Cancillería ha actuado con opacidad y mala fe, afectando la imagen y credibilidad de Perú en la escena internacional.
Hace un mes, en una entrevista con EFE en la sede de la CPI en La Haya, la jueza peruana denunció que Washington la ha metido en la misma lista que "Osama bin Laden y el Chapo Guzmán", lo que le impide usar tarjetas de crédito, reservar hoteles o pedir un Uber.
Esta magistrada está en la lista negra de dos archienemigos geopolíticos: Rusia la condenó a prisión -junto a ocho jueces y fiscales- a raíz de la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania.
Mientras, Estados Unidos puso su nombre en una lista de nueve jueces y fiscales en represalia por dos investigaciones de la CPI: la de crímenes de guerra en Afganistán, que podría afectar a militares estadounidenses, y la de Palestina, que incluyó la emisión de la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.