Las presiones de Estados Unidos a Venezuela para cortar el suministro de crudo a Cuba, tras la caída del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ha complicado aún más la severa situación energética en la isla caribeña.
A ello se suman factores que ya agravaban el panorama desde el verano de 2024 tales como las constantes averías en las centrales térmicas -que operan bajo décadas acumuladas de explotación- y la falta de divisas del Estado cubano para adquirir combustible.
La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, estima para el horario de mayor demanda de esta jornada (en la tarde-noche), una capacidad de generación de 1.398 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.
El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.702 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.732 MW.
Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.
El informe de la UNE ha dejado de especificar la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato clave para entender el efecto del fin del petróleo venezolano para Cuba.
Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está aumentando en los últimos días hasta cifras récord.
Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.
Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.
Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.
Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales, y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.