"Es imperativo garantizar investigaciones independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos, y que se lleven a cabo de acuerdo con las normas internacionales", señaló Ravina Shamdasani.
Una resolución aprobada la semana pasada por el Consejo de Derechos Humanos en una sesión de emergencia sobre Irán denunció que la violenta represión de las protestas pacíficas había resultado "en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos".
Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica.
Al menos 3.117 personas han muerto, según el balance oficial, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373 los fallecidos, con denuncias de que los muertos han podido superar los 17.000 aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.
La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar.
Shamdasani recordó este sábado que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha ordenado hacer públicas las identidades de los asesinados durante las protestas.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos, aprobada con los votos a favor de 25 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Francia, Italia, España y el Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos.
La resolución prorrogó dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora.