El texto propuesto por el Gobierno contempla castigar con al menos 10 años de prisión y una multas de 50.000 euros o más a cualquier individuo que "con fines lucrativos o por profesión o que es miembro de una ONG" facilite la entrada ilegal de inmigrantes al territorio griego.
Prevé además que si un miembro de una ONG es imputado -no condenado- por dicho delito, el Estado puede sacar a la organización del Registro de Oenegés del Ministerio de Migración, requisito indispensable para que estos grupos de la sociedad civil puedan emprender cualquier acción en territorio heleno o recibir financiación estatal.
Se espera que la nueva ley sea sometida a la votación de los diputados mañana, jueves, y que sea adoptada gracias a la mayoría absoluta de escaños que tiene el gobernante partido Nueva Democracia (ND) del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis.
De ser aprobada, la nueva normativa introducirá también un límite máximo a la financiación estatal de las oenegés, del 30 % del presupuesto operativo de cada organización.
"No penalizamos la participación en las ONG sino el tráfico ilegal de personas y prevemos penas más severas para aquellos que son miembros de ONG y están involucrados en redes de tráfico de inmigrantes ilegales", declaró el ministro de Migración, el conservador Thanos Plevris, ante los diputados.
Los socialdemócratas de PASOK, principal partido de oposición, acusaron al Gobierno de "legislar una amenaza de persecución" hacia las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Para el izquierdista Syriza, la ley planeada "pone el blanco" en la sociedad civil e introduce "una suerte de derecho penal de identidad", ya que la membresía en una ONG se convierte en una agravante circunstancia penal equivalente a la comisión de un presunto delito.
Además de las restricciones a las oenegés, la ley proyectada incorpora una directiva de la Unión Europea (UE) que permite revocar el permiso de residencia de un inmigrante si éste lo ha obtenido en virtud de una contratación laboral y lleva más de seis meses en paro.
A ello se añade una serie de medidas para aumentar la inmigración legal de cara a la significante falta de trabajadores en el sector turístico, agrícola, y de construcción.
La presentación del proyecto de ley tiene lugar tres semanas después de que un tribunal de la isla griega de Lesbos absolviera a 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), que durante siete años habían enfrentado cargos de tráfico de personas y de formación de organización de delincuencia.
El tribunal concluyó que no existía ninguna prueba que sustentara los graves cargos contra los trabajadores humanitarios que brindaron apoyo entre 2015 y 2018 a operaciones de búsqueda y rescate de refugiados en el mar frente a Lesbos.