El área dentro de la reserva afectada por la minería ilegal, conocida como 'garimpo' en Brasil, cayó de 45,7 kilómetros cuadrados el 1 de marzo de 2024 a apenas 0,5 kilómetros cuadrados el 1 de febrero de este año, una reducción del 99 %, según imágenes satelitales de las autoridades.
Durante la operación más reciente, que se extendió por dos semanas en enero, los agentes destruyeron ocho campamentos, tres embarcaciones y seis generadores, y detuvieron a tres mineros, de acuerdo con un comunicado del Gobierno.
Además, las fuerzas de seguridad requisaron dos toneladas de casiterita, un valioso mineral encontrado en el estaño y que es usado para la fabricación de productos electrónicos y plásticos.
"Este año vamos a intensificar las acciones de enfrentamiento a la logística del garimpo, tanto dentro como fuera de la Tierra Yanomami", dijo Nilton Tubino, responsable de las operaciones del Gobierno federal, en declaraciones citadas en el comunicado.
La estrategia de combate también incluye monitorear áreas anteriormente ocupadas por la minería y que luego fueron desalojadas, con el fin de impedir que vuelvan a ser explotadas.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puso en marcha la operación poco después de asumir el cargo en enero de 2023, al tomar conocimiento de la grave crisis de salud pública enfrentada por los indígenas a raíz de la actividad minera.
Durante el Gobierno de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), los organismos encargados de fiscalizar los crímenes ambientales fueron debilitados y, como resultado, la minería ilegal se expandió en la Amazonía.
Los trabajadores del garimpo usan habitualmente mercurio, un producto altamente contaminante, para separar el oro de otros sedimentos, y este a menudo termina en los ríos en los que los indígenas basan su sustento.