"PPC, o el conglomerado arriba Hutchison, tiene todo el derecho de un arbitraje. Ahí plantearán sus quejas, sus opiniones, sus posiciones jurídicas y nosotros tenemos todo el derecho a responder y a defendernos de esa pretensión", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.
Mulino volvió a rechazar que su Gobierno haya estado "un año hostigando o amenazando a la empresa china" al argumentar que durante ese lapso de tiempo se mantuvieron "conversaciones en Panamá y fuera de Panamá con ellos (el operador) de una manera respetuosa, pero muy franca".
El pasado 3 de febrero, el operador hongkonés anunció el inicio de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París.
El comienzo del arbitraje anunciado por PPC se produjo, según anunció la compañía, "tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario".
Dicho arbitraje se da después de que el pasado 29 de enero, el Supremo declaró "inconstitucional" el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a PPC, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, quedando anuladas de hecho por el fallo, que respondía a dos demandas presentadas por el contralor general de Panamá, Anel Flores.
Un día después de la decisión del Supremo, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumiría transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación "abierta y transparente" de la concesión.
"Habida cuenta los términos en que esa autoridad de Hong Kong y Macao se refirió a lo que sucedió con relación al fallo de la Corte, ayer la Cancillería emitió un pronunciamiento porque a diferencia de China, el Órgano Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país", sostuvo Mulino.
Y, continuó, "hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista Chino y una institucionalidad democrática que es la que rige en Panamá".
"Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado. Y, a lo mejor, para China hubiera sido la mejor Corte Suprema del mundo. Así que no quiero agriar esta leche (agravar el problema) por dimes y diretes (confrontaciones verbales) porque para Panamá es muy trascendental y delicado el tránsito que estamos haciendo de los puertos", argumentó Mulino.
Mulino ya rechazó el pasado miércoles el "pronunciamiento" de PPC insistiendo en que "Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial".
Aunque no hizo referencia a Estados Unidos, desde el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con tomar el control del Canal de Panamá por la supuesta influencia de China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.