"El texto del proyecto de ley debe hacerse público urgentemente, dado su impacto sobre los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad venezolana", manifestó Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
A su juicio, una ley de amnistía "no puede debatirse ni aprobarse a espaldas de las víctimas, sin consulta amplia, sin participación de las organizaciones de derechos humanos y sin estándares claros".
"El hermetismo en la Asamblea Nacional impide evaluar su alcance, sus criterios de inclusión y exclusión y su compatibilidad con el derecho internacional", consideró en su cuenta de X.
Provea recordó que "ninguna amnistía puede ser un mecanismo de impunidad ni extingue la obligación del Estado de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición".
En la misma línea, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) -ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que el "hermetismo acerca de este proyecto impide un análisis serio sobre su alcance, sus criterios de inclusión y exclusión, y sus posibles efectos jurídicos, lo que compromete su legitimidad".
"Sin transparencia, sin participación y sin estándares claros, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un acto político sin efectos reales en la protección de los derechos humanos", añadió.
Por tanto, exigió la publicación del "texto íntegro" del proyecto de la ley para que "las víctimas, defensores de derechos humanos, expertos independientes y la sociedad civil puedan revisarlo, formular observaciones y advertir sobre posibles violaciones a los estándares internacionales".
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, subrayó que el proyecto de la ley de amnistía "debe ser difundido y consultado con la sociedad civil".
El pasado viernes, Delcy Rodríguez anunció la propuesta de la ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que abarca los Gobiernos del chavismo.
Sin embargo, precisó entonces que esta propuesta excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
El proyecto de ley debe pasar por dos discusiones en el Parlamento para que quede definitivamente sancionado. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.
Cumplido este proceso, la ley se remite al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.