La compañía solicitó al TJUE, máxima instancia administrativa de la justicia comunitaria, anular la sentencia previa del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en 2024, que determinó "que el Consejo no cometió ningún error de apreciación al imponer esas medidas".
Sin embargo, el Tribunal coincidió en su sentencia de hoy con el TGUE y consideró que la imposición de las medidas estaba debidamente motivada.
"El Tribunal General señaló fundadamente, en esencia, que el Consejo hizo en esa motivación referencia,(...) en la medida en la que indicó que la recurrente tenía proyectos con empresas del sector de la defensa que prestan apoyo a las acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", señala la sentencia del TJUE.
El Consejo de la UE adoptó a raíz de la anexión rusa de Crimea medidas restrictivas contra varias personas y entidades incluidas en una lista, prohibiendo determinadas operaciones financieras controladas por el Estado ruso.
Las sanciones incluían a la sociedad moscovita VEB.RF al considerarla "una importante institución de desarrollo financiero cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y recibe instrucciones directamente de él", ya que "genera una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso y gestiona sus fondos estatales de pensiones".
Las medidas restrictivas contra dicha sociedad rusa se mantuvieron posteriormente, como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022.
La sentencia del TJUE declaró como inadmisibles o infundadas todas las alegaciones de la empresa rusa relativas al dictamen del Tribunal General.