El atentado se produjo el 15 de marzo de 2019, cuando el hombre, de nacionalidad australiana, abrió fuego con armas semiautomáticas contra las personas congregadas en dos mezquitas de Christchurch y retransmitió en directo los disparos durante varios minutos. Antes del ataque, difundió un manifiesto en Internet.
Brenton Tarrant, que reconoció los hechos y fue condenado en agosto de 2020 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, alegó este lunes en una comparecencia en vídeo ante el Tribunal de Apelación de Auckland que las condiciones durante el proceso de su detención fueron "tortuosas e inhumanas", lo que, según sostuvo, le impidió tomar decisiones racionales al declararse culpable.
Tarrant afirmó durante la audiencia que cualquier expresión de arrepentimiento manifestada antes de su sentencia fue producto de un estado mental "irracional" provocado, dijo, por el aislamiento extremo y el deterioro de su salud mental en prisión.
"Expresé cierto remordimiento, pero fue inducido por las condiciones de reclusión", señaló ante los jueces, en declaraciones recogidas por la radio pública neozelandesa RNZ.
El condenado aseguró que se vio "forzado" a declararse culpable en marzo de 2020 y que temía no poder defenderse adecuadamente en un eventual juicio debido a temblores, bloqueos para hablar y otros síntomas de inestabilidad psicológica.
"Si hubiera tenido otra opción, la habría tomado", afirmó, al tiempo que reconoció que, en retrospectiva, solicitar un aplazamiento habría sido lo correcto.
Según se expuso en la vista, a la que Tarrant atendió desde la prisión de Auckland, evaluaciones psicológicas elaboradas antes de la sentencia concluyeron que el acusado estaba en condiciones de afrontar el juicio y formular declaraciones de culpabilidad, y sus abogados de entonces no plantearon dudas sobre su capacidad para dar instrucciones legales.
De acuerdo con un resumen judicial, el recurso de hoy fue presentado fuera de plazo, por lo que el tribunal deberá decidir primero si concede autorización para que la apelación prospere.
En caso de que la corte confirme la condena, se prevé una audiencia separada más adelante para examinar un eventual recurso contra la pena impuesta.
Tras la matanza en marzo de 2019, el Gobierno neozelandés endureció la legislación sobre armas y promovió medidas para combatir el extremismo violento en línea.
La vista de la apelación se celebra con fuertes restricciones de acceso, mientras que familiares de las víctimas pudieron seguirla en videoconferencia.