"No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar. Estos mecanismos sistemáticos de control represivo deben cesar. Constituyen crímenes de lesa humanidad", indicó en X el director presidente de la ONG, Alfredo Romero.
El pasado domingo, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la líder opositora María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto a otro grupo de activistas políticos.
Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien el mismo día en que salió de prisión bajo medidas cautelares fue encarcelado de nuevo y llevado a su casa este martes, luego de que la Fiscalía asegurara que incumplió sus medidas.
Uno de los hijos del exdiputado, Ramón Guanipa, indicó que las medidas cautelares impuestas al caso de su padre solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.
Asimismo, subrayó que el opositor "sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión", al tiempo que exigió su "libertad plena y la de todos los presos políticos", que superan los 600 según Foro Penal, algo que niega el Gobierno, que suele intercambiar las palabras y dice que son políticos presos.
En declaraciones a la prensa en Maracaibo, donde el exdiputado cumple el arresto domiciliario, Ramón Guanipa detalló que el dirigente tiene un grillete electrónico y medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales.
Guanipa fue excarcelado el domingo luego de permanecer detenido desde mayo del año pasado.
Tras salir de prisión, declaró a la prensa que apostaba por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y dijo que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre". Pocas después, volvió a ser detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, según denunció su hijo.
Esto ocurre en medio del proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía para algunos presos políticos, impulsado por el Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley.