"Anoche los demócratas enviaron una contrapropuesta que, francamente, era muy poco seria, y esperamos que se pongan serias muy pronto, porque los estadounidenses se verán afectados por esto", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.
Leavitt descartó que se hayan dado hasta el momento conversaciones directas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes demócratas, pero aseguró que funcionarios de la Casa Blanca sí han estado en contacto con los legisladores -tanto demócratas como republicanos- en esta materia.
"Trump quiere que el Gobierno sea transparente. Incluso hemos estado entablando negociaciones de buena fe con los demócratas", añadió.
La portavoz acusó a los demócratas de propiciar el cierre del Departamento y de actuar en contra del pueblo estadounidense por motivos políticos.
"Ahora tenemos a los trabajadores de Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), los de la Guardia Costera de los Estados Unidos, los hombres y mujeres de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que trabajarán sin sueldo sin ninguna buena razón, aparte de que los demócratas quieren pelear con Donald Trump", denunció Leavitt.
La financiación para el Departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), expiró el pasado sábado, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre.
Casi todos los demócratas bloquearon la medida el pasado jueves al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE y CBP, que han provocado protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Minéapolis (Minesota).
Entre las principales demandas, los demócratas reclaman el fin de las patrullas itinerantes en áreas urbanas, la prohibición de que agentes migratorios ingresen en ciertos espacios considerados sensibles sin una orden judicial, la adopción de un código sobre uso de la fuerza y que los funcionarios de inmigración dejen de cubrirse el rostro o utilicen cámaras corporales.