"La petición exige la derogación de una nueva ley aprobada el 21 de enero de 2026 que prohíbe a los graduados de instituciones de educación superior palestinas enseñar en el sistema educativo israelí y en las escuelas de Jerusalén Este (que Israel se anexionó en 1980)", recoge su comunicado.
La organización representa en esta petición a estudiantes palestinos, universidades (la Universidad Palestina de Ahliya y la Universidad Árabe Americana en Palestina), miembros árabes del Parlamento, a la Unión de Comités de Padres de Jerusalén Este y al Consejo Regional de las Aldeas no Reconocidas del Néguev (el desierto en el sur de Israel con numerosos habitantes beduinos y árabes israelíes).
Todos ellos establecen que la ley es inconstitucional "ya que se basa en premisas racistas, incendiarias y viola los derechos fundamentales de igualdad, la libertad de empleo y el derecho a la educación".
"Cierra la puerta a la próxima generación de educadores", sentencia Adalah.
La ley exime a aquellos que ya están empleados o habían completado un año académico en el momento de su aprobación.
La única opción viable para muchos ciudadanos palestinos de Israel (conocidos en el país como "árabes israelíes") o de Jerusalén Este es estudiar en las universidades palestinas localizadas en Cisjordania, explica Adalah, por distintas barreras estructurales a las que se enfrentan en las israelíes.
Entre ellas, "las políticas restrictivas de acceso y los requerimientos de las universidades israelíes, las graves restricciones económicas y la falta de una universidad en árabe en Israel".
"Las instituciones palestinas ofrecen un currículum y ambiente que es lingüística y culturalmente accesible para los estudiantes palestinos", continúa.
Adalah denuncia que en Jerusalén Este y el Néguev, pese a su numerosa población palestina, ya hay una escasez "masiva" de profesores. Según datos estatales, unos 6.700 profesores trabajan en escuelas de Jerusalén Este y al menos el 58 % tienen títulos de universidades palestinas.
"En los próximos cinco años, se proyecta que Jerusalén Este tendrá una escasez de al menos 540 profesores nuevos", añade.
La Knéset (el Parlamento israelí) aprobó a finales de enero la norma, propuesta por el diputado del Likud (el partido del primer ministro, Benjamín Netanyahu) Amit Halevi.
"Una persona que tenga un grado académico de una institución o escuela superior de la Autoridad Palestina no podrá ser empleada como profesora, directora o superintendente, y será considerada como una persona sin un grado académico requerido para tal empleo", recoge la descripción publicada en la web de la Knéset.
El director del Ministerio de Educación podrá emplear a quien tenga un grado de esta índole si también cuenta con una licenciatura en una institución israelí "bajo la condición de que el director general crea que esto no tendrá un efecto nocivo en los alumnos".
La ley sostiene que la educación en las instituciones palestinas está orientada a incitar en contra del Estado de Israel y no se corresponde "con los principios y valores" de este mismo.